Estados Unidos. Un juez del Distrito Norte de Texas anuló la ley estatal que permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula universitaria como residentes locales, afectando a cerca de 73 mil jóvenes en el estado. Esta medida, vigente desde 2001 bajo la llamada Texas Dream Act y aprobada por el entonces gobernador republicano Rick Perry, brindaba acceso a tarifas reducidas a quienes se graduaron de preparatorias texanas pese a no tener estatus migratorio legal.
El fallo responde a una demanda impulsada por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Donald Trump, que argumentó que la norma violaba la Constitución al discriminar a ciudadanos estadounidenses en favor de extranjeros.
El senador estatal Brandon Creighton celebró el dictamen, afirmando que “la colegiatura estatal para inmigrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas”, luego de múltiples intentos legislativos por eliminarla.
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Por su parte, el gobernador Greg Abbott respaldó la decisión judicial, que ahora se aplicará de forma permanente. La organización Higher Ed Immigration Portal estima que Texas alberga casi una quinta parte del total nacional de estudiantes indocumentados en educación superior.
La reacción no se hizo esperar: el congresista Joaquín Castro calificó la sentencia como perjudicial para los texanos, mientras que United We Dream advirtió que la revocación podría representar una pérdida de hasta 460 millones de dólares en salarios por el debilitamiento de la fuerza laboral. La organización llamó a movilizarse para restablecer la medida.
“La decisión de ayer es el último de los ataques en contra de los estudiantes que han crecido en Texas y que llaman este estado su hogar”, declaró el grupo en un comunicado.
