Perú.- El Congreso de Perú aprobó la noche del jueves 9 de octubre la apertura de un juicio político de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, en medio del complejo panorama de inseguridad ciudadana que vive el país.
Durante una sesión extraordinaria transmitida por el canal del Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria respaldó cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria, argumentando una “incapacidad moral permanente” para continuar en el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022, tras la caída de Pedro Castillo.
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La decisión marca un nuevo episodio en la inestabilidad política de Perú, que ha tenido seis presidentes desde 2018, cuatro de los cuales enfrentan procesos judiciales o están en prisión.
Ahora, si Boluarte es removida antes del final de su mandato, previsto para julio de 2026, la Constitución establece que el presidente del Congreso, José Jeri, asuma el liderazgo del Ejecutivo, aunque el propio Parlamento atraviesa también una profunda crisis de credibilidad.
Las mociones fueron impulsadas por legisladores de distintas bancadas políticas. Una de ellas, firmada por 34 congresistas, acusa a Boluarte de actos de corrupción y de no haber podido responder a la creciente ola de violencia y delincuencia que afecta al país. Otra, presentada por 33 parlamentarios, advierte que la inseguridad está provocando pérdida de inversiones y fuga de capitales.
A lo largo del día, otros grupos parlamentarios se sumaron con nuevas propuestas de vacancia, reforzando la presión sobre el Ejecutivo. No obstante, pese a las acusaciones, Dina Boluarte ha negado los señalamientos y afirma que su gobierno se mantiene firme en el combate al crimen y en la defensa del orden democrático.
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Finalmente, hay que recordar que la presidenta llegó al poder tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso, hecho que desencadenó una de las crisis políticas más profundas del país en los últimos años.
