Estados Unidos. El gobierno de California abrió un nuevo frente legal contra la Administración del presidente Donald Trump al presentar una demanda para frenar la reanudación de proyectos petroleros en zonas cercanas a su costa. La querella fue anunciada en Sacramento por el fiscal general Rob Bonta, quien acusó al gobierno federal de asumir facultades que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponden a las autoridades estatales.
El litigio se origina a partir de una serie de disposiciones emitidas por la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA), mediante las cuales el gobierno federal se atribuye control exclusivo sobre dos oleoductos ubicados en territorio californiano. Para la Fiscalía estatal, estas órdenes permitirían reactivar operaciones petroleras frente al condado de Santa Bárbara sin la supervisión de instancias locales.
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De acuerdo con la demanda, la estrategia de la Casa Blanca busca colocar bajo jurisdicción nacional los ductos conocidos como Las Flores, aprobar el plan de reapertura promovido por la empresa Sable Offshore Corp. y conceder un permiso de emergencia para transportar nuevamente crudo. Las autoridades de California sostienen que estas acciones contravienen la Ley de Procedimiento Administrativo y pasan por alto resoluciones judiciales previas que regulan este tipo de actividades.
Los oleoductos permanecen inactivos desde hace más de diez años, tras el derrame ocurrido en Refugio Beach, donde una ruptura por corrosión liberó cientos de miles de galones de petróleo al océano. El accidente dejó un impacto ambiental severo en la costa de Santa Bárbara y derivó en un Decreto de Consentimiento que obliga a que cualquier intento de reactivación cuente con la participación del Jefe de Bomberos del Estado.
Un antecedente ambiental que pesa en el litigio
La Fiscalía recordó que la propia PHMSA fue firmante de ese acuerdo, por lo que considera incoherente que ahora pretenda excluir a las autoridades californianas del proceso de supervisión. Además, la Oficina del Jefe de Bomberos ha advertido que siguen existiendo riesgos técnicos y de seguridad que no han sido debidamente resueltos desde el derrame.
¿Qué está realmente en juego con la reactivación de los oleoductos?
Para California, el conflicto no se limita a un tema administrativo, sino que plantea una disputa de fondo sobre quién tiene la última palabra en la protección ambiental del litoral y en la regulación de proyectos energéticos de alto impacto.
Un pulso entre energía y medio ambiente
Las autoridades estatales y organizaciones ambientalistas advierten que permitir el reinicio de estas operaciones implicaría un mayor riesgo de nuevos derrames, un aumento en las emisiones contaminantes y un freno a la transición hacia energías limpias, eje central de la política climática de California frente al impulso petrolero promovido por la Administración Trump.
