Argentina. La capital argentina volvió a convertirse en epicentro de una jornada marcada por la confrontación política y social. Mientras en la Cámara de Diputados avanzaba el debate de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en las inmediaciones del Congreso se desarrollaban protestas masivas, en el marco de un paro general que paralizó buena parte del país.
Desde las primeras horas del día, columnas sindicales y organizaciones opositoras se congregaron frente al Palacio Legislativo para rechazar lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales. La convocatoria coincidió con una huelga nacional de 24 horas impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la central obrera había planteado inicialmente una medida sin movilización, distintos gremios decidieron ocupar el espacio público.
Entre ellos destacaron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Trabajadores del Estado, cuyos afiliados participaron activamente en la concentración. Durante un acto en Avenida de Mayo, el líder metalúrgico Abel Furlán anticipó que exigirán a la CGT convocar a un paro de 36 horas con movilización si el proyecto continúa su avance parlamentario.
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La tensión se intensificó cuando grupos de manifestantes intentaron superar el vallado policial. Hubo lanzamiento de objetos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y el despliegue de camiones hidrantes. El operativo dejó varios detenidos y escenas de violencia que contrastaban con las negociaciones que, puertas adentro, buscaban asegurar los votos necesarios tras la aprobación previa en el Senado.
El paro tuvo un impacto considerable, sobre todo por la adhesión de los gremios del transporte. Trenes y metro permanecieron detenidos en Buenos Aires, numerosas líneas de colectivos funcionaron con servicios mínimos y la mayoría de los vuelos fue cancelada. Hospitales, escuelas, bancos y la recolección de residuos operaron con limitaciones, mientras la actividad comercial se vio afectada en zonas estratégicas de la ciudad.
¿Qué propone la reforma laboral y por qué genera tanta resistencia?
La iniciativa del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones de contratación, reducir las indemnizaciones por despido, ampliar el listado de actividades esenciales —obligando a garantizar servicios mínimos durante huelgas— y habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas, frente a las ocho actuales.
Para el Gobierno, estos cambios son necesarios para atraer inversiones, elevar la productividad y formalizar el empleo en un país donde cerca del 40% de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Sin embargo, para los sindicatos implican una pérdida de derechos históricos y un debilitamiento del poder de negociación gremial.
Un pulso político en plena reconfiguración del Congreso
El avance de la reforma ocurre tras el fortalecimiento parlamentario de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término de octubre, lo que permitió al oficialismo acelerar su agenda legislativa mientras Milei participa en Washington en una iniciativa internacional vinculada a Donald Trump.
En este escenario, el oficialismo apuesta a consolidar una mayoría que respalde su programa de transformación económica, mientras los sindicatos —que representan a alrededor del 40% de los 13 millones de trabajadores registrados y mantienen vínculos históricos con el peronismo— buscan que la presión en las calles se convierta en un factor determinante para frenar la reforma.
