?París.- Los diputados franceses aprobaron hoy de forma definitiva el
retraso de la edad de jubilación, que acaba así su trámite parlamentario a la
espera de la firma del presidente, Nicolas Sarkozy.
El texto, sobre el que aún tiene que pronunciarse el
Constitucional tras el recurso anunciado por el Partido Socialista, recibió 336
votos a favor de conservadores y centristas, y 233 en contra de la oposición de
izquierdas.
El polémico proyecto, que ha provocado numerosas protestas y
manifestaciones en el país, entrará en vigor a mediados del próximo mes de
noviembre y supondrá el fin de la edad mínima legal de jubilación en Francia a
los 60 años, que se retrasará a los 62 años de edad.
La aprobación de esta ley, uno de los principales objetivos
del mandato de Sarkozy, se produce un día antes de la enésima jornada de huelga
general convocada por los sindicatos.
El texto, uno de los más controvertidos de la V República
francesa, acabó con un maratón parlamentario, en la Asamblea Nacional y en el
Senado, que estuvo acompañado de un rosario de jornadas de movilización
sindicales y de multitud de paros en sectores estratégicos, como los trenes y
bloqueos de las refinerías.
El texto deberá ahora superar dos últimos trámites, el
anunciado recurso de los socialistas ante el Constitucional, su último intento
de retrasar la ley, y la firma definitiva de Sarkozy, lo que podría ocurrir a
mediados de noviembre.
Con esta iniciativa, el presidente francés tiene una reforma
que consideró como la principal de su mandato y que retrasa la edad mínima
legal de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para cobrar la pensión íntegra
si no se ha cotizado los años necesarios.
El cambio, muy impopular en el país, según las encuestas,
entrará en vigor de forma progresiva y no estará plenamente establecido hasta
2018.
El Gobierno considera que con este cambio garantiza el
sistema de pensiones, tal y como han hecho otros países de su entorno.
La oposición, por su parte, apuesta por otras fórmulas
mientras que los sindicatos denuncian una reforma que consideran
“injusta” y que se ha adoptado sin diálogo social.
Por ello convocaron para este jueves la undécima jornada de
protesta desde que en marzo pasado trasladaron a la calle su descontento con el
proyecto de ley.
Los sindicatos, que aseguran que unos 3,5 millones de
personas participaron en las últimas manifestaciones, no han logrado detener el
avance parlamentario del texto.
El Gobierno, que cifra en torno a un millón el número de
manifestantes en las concentraciones más recientes, augura que el movimiento
contestatario se está desinflando.