Antiabortistas planean derogar ley de despenalización en Uruguay

Montevideo.- Activistas y políticos uruguayos contrarios al aborto iniciaron este jueves, apenas 24 horas después de que se aprobara una norma que despenaliza el aborto, varios movimientos para tratar de derogar la medida por “distintas vías”, incluido el pedido de un referéndum.El primer paso fue la creación de una Comisión Nacional pro Derogación de la Ley del Aborto, que reunirá a diversos actores sociales y políticos.La norma, aun no promulgada, despenaliza el aborto hasta la semana duodécima de gestación por la sola voluntad de la mujer, siempre que el aborto se realice bajo la supervisión del Estado y es similar a legislaciones sobre este tema ya vigentes en Cuba, Puerto Rico, Guyana y la capital de México.La nueva comisión, que se presentó en un acto en el que estuvieron presentes políticos de los opositores partidos Colorado y Nacional, impulsará todo tipo de medidas, la primera de ellas pedir al presidente uruguayo, José Mujica, que vete la iniciativa tal y como hizo su antecesor, Tabáré Vázquez, en 2008 con una norma similar.”Nuestra primera acción es invitar al presidente Mujica, que ha insistido sobre el valor central de la vida en nuestra sociedad, a que actúe en consecuencia y vete esta Ley”, dijo Carlos Iafigliola, uno de los portavoces del grupo, durante la presentación.Si, tal y como anunció Mujica en varias ocasiones, no va a vetar la norma, la idea de la comisión es discutir “distintas opciones e instrumentos con el fin de derogar la Ley” , sin descartar ninguna opción, como presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que la ley viola la constitución al no proteger la vida.También se baraja la posibilidad de denunciar la medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, que establece que la vida humana comienza en el instante de la concepción, anunciaron sus portavoces.Mientras, y de forma paralela a esta Comisión, legisladores del Partido Nacional presentaron un plan para recoger firmas e impulsar directamente un referéndum que anule la norma.El diputado Pablo Abdala, explicó que esta medida se produce porque “dada la gravedad de la iniciativa”, ésta no puede “quedar librada a las mayorías legítimas pero circunstanciales del Parlamento”, más aún cuando existen diferencias de opinión “a favor y en contra” en todos los partidos.”Despenalizar el aborto debería dilucidarse a través del voto ciudadano, que es el único que puede cerrar la discusión”, indicó.Abdala se mostró optimista en el sentido de que si se produce el referéndum, la población uruguaya votará en contra de la iniciativa pese a lo que señalan actualmente las encuestas, y señaló además que, dada como está planteada ahora la situación, otra alternativas para eliminar la norma no son posibles y solo queda “o consentirla o el referéndum”.Según dijo, lo más seguro es que se recojan en primer lugar unas 50 mil firmas, 2% del padrón electoral, para que la Corte electoral haga un llamado público de consulta, que se celebraría a lo largo de 2013.A esa votación, no obligatoria, debería acudir al menos 25% de los ciudadanos habilitados para votar, unos 600 mil, y expresar su voluntad de ir a referéndum.De alcanzarse el mínimo requerido, la Corte convocaría entonces a la ciudadanía, esta vez obligatoriamente, a votar a favor o en contra de la ley.La ley establece que las mujeres uruguayas que quieran abortar tendrán que acudir a un médico y expresarle su deseo.Éste derivará a la mujer ante una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que le explicarán qué pasos puede seguir tanto si quiere seguir con el embarazo como si no y luego tendrá cinco días para reflexionar.De seguir con su propósito, su médico iniciará inmediatamente el proceso para el aborto, que se podrá realizar en cualquier centro médico público o privado.Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales.A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30 mil abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.YRM