República Democrática del Congo. Una tragedia de grandes dimensiones sacudió al este de la República Democrática del Congo (RDC), luego de que un deslizamiento de tierra arrasó con una mina artesanal de coltán en la localidad de Rubaya, dejando al menos 300 personas muertas, de acuerdo con autoridades locales y organizaciones civiles. El colapso ocurrió tras una llovizna persistente que debilitó el suelo en una zona caracterizada por la explotación informal y la ausencia casi total de protocolos de seguridad.
El derrumbe se registró en la jefatura de Mupfuni Kibabi, dentro del territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, una región que actualmente se encuentra bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Desde las primeras horas posteriores al siniestro, la escena se convirtió en un caótico operativo de rescate improvisado: familiares, vecinos y mineros excavan con palas y con las manos entre el lodo, intentando recuperar los cuerpos de personas desaparecidas.
Ngendu Mwabura, exjefe local de Mupfuni Kibabi, explicó que el número de víctimas continúa aumentando conforme avanzan las horas, ya que los cadáveres siguen emergiendo entre los escombros. A esto se suma que los caminos de acceso quedaron prácticamente destruidos por las inundaciones y los deslaves, lo que dificulta la llegada de ayuda humanitaria y de equipos especializados.
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El impacto del desastre no se limitó al área de extracción. Viviendas, pequeños comercios y comunidades completas fueron sepultadas por el alud, lo que amplió la tragedia a pobladores que no participaban directamente en la actividad minera. Entre las víctimas se encuentran mineros artesanales, comerciantes locales y habitantes de aldeas cercanas que quedaron atrapados bajo toneladas de tierra.
La cifra de fallecidos fue confirmada por Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi, quien advirtió que la población continúa recuperando cuerpos sin apoyo institucional y que ya se discute la posibilidad de realizar entierros colectivos ante la imposibilidad de identificar a todas las víctimas.
Una riqueza que alimenta el conflicto
El este del Congo es una de las regiones con mayor concentración de minerales estratégicos del mundo, en particular coltán, un recurso clave para la industria tecnológica global, utilizado en la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, esta riqueza ha sido también una fuente permanente de violencia. Desde finales de la década de 1990, la zona ha estado marcada por enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas gubernamentales, incluso con la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).
La minería informal, sin regulación ni medidas de seguridad, se ha convertido en una constante. Muchos yacimientos son controlados por actores armados que se financian a través de la explotación y comercialización ilegal de minerales, lo que multiplica los riesgos para miles de trabajadores que dependen de esta actividad para subsistir.
¿Por qué se permitía la explotación de una mina que estaba prohibida?
En su respuesta, el Gobierno de la RDC señaló que la mina operaba de manera ilegal y responsabilizó directamente al grupo rebelde M23 de sostener un “sistema organizado de saqueo y explotación” de los recursos naturales. Las autoridades recordaron que la zona había sido catalogada previamente como “roja”, lo que implicaba la prohibición total de actividades mineras. En ese escenario, la ausencia de control estatal y la imposición de un régimen rebelde convirtieron el yacimiento en una trampa mortal que terminó costando la vida a cientos de personas.
