?Berlín.- Alemania se convirtió hoy en el primer país que decide abandonar la energía nuclear a raíz de la catástrofe de Fukushima (Japón) , con el acuerdo sellado por la coalición de Gobierno para desconectar, lo mas tarde en 2022, la última de sus 17 centrales atómicas. La canciller alemana, Angela Merkel, anunció que el pacto garantizará la transición hacia “una nueva arquitectura” del suministro energético basado en las energías renovables que garantice el suministro, la estabilidad de los precios, la autonomía eléctrica nacional y un mayor respeto al medio ambiente.
El acuerdo conlleva el cierre inmediato de las siete centrales más antiguas del país -paradas de forma preventiva desde marzo- y de otra con problemas de funcionamiento, así como el mantenimiento en estado de “stand-by” de las tres más modernas hasta 2022 como plazo máximo, para eventuales emergencias.
Además, incluye una cláusula de revisión por la que durante el proceso de abandono de la energía atómica el Ejecutivo federal puede decidir adelantar el “apagón nuclear” definitivo, dependiendo del desarrollo de las renovables.
A este respecto, la canciller agregó que el pacto busca además que para 2020 las energías alternativas supongan al menos el 40 por ciento de la producción eléctrica nacional y que se reduzcan sensiblemente las emisiones de CO2.
Los partidos de la coalición de gobierno -cristianodemócratas (CDU) , socialcristianos bávaros (CSU) y liberales (FDP) – decidieron asimismo mantener el impuesto al combustible nuclear que deben pagan los consorcios eléctricos con centrales atómicas, el cual pretende financiar el desarrollo de las renovables.
Este acuerdo energético de Gobierno se plasmará en una serie de normativas específicas que el Ejecutivo comenzará a redactar y enviar al Parlamento en forma de proyectos de ley a partir de la próxima semana.
Por su parte, el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes han mostrado ya su disposición a dialogar con el Gobierno para la tramitación parlamentaria de estas normas, aunque su reacción inicial fue de “escepticismo” .
El acuerdo de la coalición de Gobierno se produjo horas después de que la Comisión Ética designada por Merkel para estudiar las alternativas a la energía atómica entregase su informe final, afirmando que es “factible” abandonar esta energía en una década sin grandes costes colaterales o incluso en menos tiempo.
Esta fecha se ha fijado siguiendo una serie de criterios, como asegurar la contención de los precios de la energía y la competitividad de la economía alemana, buscar alternativas sin riesgos, evitar las importaciones eléctricas sistemáticas de otros países y garantizar el suministro.
Klaus Töpfer, coordinador de la Comisión Ética, destacó que el proceso es una “gran oportunidad” para Alemania y que la comunidad internacional va a seguir expectante su implementación, por tratarse de un hito energético a escala mundial.
Al respecto, Matthias Kleiner, científico y miembro de la comisión, aseguró que Alemania cuenta con las condiciones económicas y energéticas y el consenso social para llevar a cabo “con éxito” el “apagón nuclear” .
“¿Quién (lo hará) si no nosotros?” , se preguntó ante los medios de comunicación.
Tras la catástrofe de Fukushima y con una gran presión de la opinión pública, el Gobierno federal decidió modificar radicalmente su política energética y poner fin a la dependencia alemana de la energía nuclear, en la actualidad por encima del 20 por ciento.
Merkel dio entonces marcha atrás al plan energético que había aprobado a finales del año pasado para prolongar la vida de las centrales atómicas una media de doce años y que aparcaba una ley anterior, aprobada en 2000 por el Gobierno de Gerhard Schöder, por el que la última planta debía cesar sus operaciones en 2021.
Además, la canciller suspendió durante tres meses las operaciones en las siete centrales más antiguas del país y creó dos comisiones, la técnica y la ética, para estudiar, respectivamente, la seguridad de las instalaciones atómicas y buscar alternativas de futuro.
La primera hizo públicas recientemente sus conclusiones, en las que subrayaba que el nivel de seguridad de las siete instalaciones más antiguas del país -las construidas antes de 1980- era bajo, mientras que el de las otras diez era medio y ninguna obtenía un grado alto.
