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Agresor de Giffords enfrentaría pena de muerte

Esposado y con la cabeza rapada, Jared Lee Loughner, de 22 años, apareció en el tribunal federal de Phoenix

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?Washington.- El acusado del tiroteo de Tucson (Arizona) compareció hoy por primera vez
ante el juez en una audiencia en la que se planteó la posibilidad de pena de
muerte, mientras las primeras investigaciones perfilan un ataque cuidadosamente
planeado. Esposado y con la cabeza rapada, Jared Lee Loughner, de 22 años,
apareció en el tribunal federal de Phoenix dos días después de irrumpir en un
acto de la congresista demócrata Gabrielle Giffords en Tucson y abrir fuego
contra 20 de los asistentes.
El tiroteo acabó con las vidas de seis personas e hirió a otras catorce,
entre ellas Giffords, que hoy seguía hospitalizada en estado crítico pero
estable después de que una bala le traspasara el cráneo.
El acusado, que quedó detenido sin posibilidad de fianza tras la audiencia,
escuchó y asintió mientras el juez leía los cinco cargos a los que se enfrenta y
las posibles sentencias, entre ellas la de pena de muerte por los dos cargos de
asesinato en primer grado. Aunque la acusación aún no ha anunciado la
sentencia que perseguirá para Loughner, los rumores de que será la pena capital
se han disparado al salir a la luz los primeros resultados de la investigación,
que muestran a un joven mentalmente inestable que planeó metódicamente el
asesinato de Giffords.
Pese a que según el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik, el propio
acusado “no está diciendo una palabra” a la Policía, un simple registro de la
casa de sus padres bastó para hallar un sobre con las palabras “lo planeé con
antelación” y “mi asesinato” escritos en él, junto al nombre “Giffords” .En la
misma caja fuerte que contenía el sobre, encontraron también una carta que la
oficina del congresista envió en 2007 a Loughner, en la que le agradecía su
asistencia a un acto del “Congreso en tu esquina” , la misma iniciativa en la
que el acusado desató la masacre.
No obstante, esas pruebas son insuficientes para determinar sus posibles
motivos para atentar contra Giffords, por lo que las autoridades se centran
ahora en entrevistar a quienes le conocían y analizar las señales de
inestabilidad mental que él mismo dejó patentes en varios sitios de Internet.
Los más evidentes son los vídeos que publicó en su cuenta de Youtube y su
extinto perfil en MySpace, en los que se indignaba por los niveles de
analfabetismo en su condado, abogaba por la creación de una nueva divisa
estadounidense y hablaba de los “métodos de lavado cerebral” que el Gobierno
imprimía en el país a través del control de la gramática.
Uno de esos extraños alegatos, en los que aseguraba que su universidad, Pima
College, podía ser “ilegal o inconstitucional” , le mereció la expulsión del
centro educativo el año pasado, y existen rumores de que también fue rechazado
en el servicio militar porque reprobó un test de drogas.Su discurso exaltado ha
llevado a algunos medios a vincularle con grupos extremistas como “American
Renaissance” , que aboga por la supremacía blanca, aunque el Departamento de
Seguridad Nacional negó hoy que existan pruebas de esta conexión.
Mientras, el Tea Party de Arizona se apresuraba a confirmar que Loughner,
registrado en 2006 como votante independiente, no está afiliado al movimiento
ultraconservador, cuya similitud con la retórica inflamatoria del acusado lo
situó en el ojo del huracán este fin de semana.El debate sobre la relación entre
el lenguaje y la violencia se desató tras unas vehementes declaraciones del
alguacil Dupnik, quien describió Arizona como “la meca de los prejuicios y
la intolerancia” y aseguró que allí se vive un “clima de odio” .
A este debate se han sumado las voces que piden una revisión de las
regulaciones que permiten la posesión de armas, con el objetivo de repasar
estrictamente el historial de quienes soliciten una licencia para impedir su
compra por parte de personas inestables. “En Arizona tenemos, probablemente,
el sistema más liberal de venta de armas de todo Estados Unidos” , dijo hoy a la
CNN la fiscal del condado de Pima, Barbara Lawall, quien consideró “improbable”
que el suceso desemboque en un cambio legislativo.
Mientras, en la confusión propia de las primeras fases de una investigación,
la única hipótesis que parece descartada es la de que Loughner actuara con
ayuda, después de que las autoridades negaran la conexión con el suceso del
conductor del taxi que le llevó al acto, identificado en un principio como un
posible cómplice.

Fuente: Internet

Fotografía de perfil de Liz Douret

Liz Douret

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