Estados Unidos. Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de una iglesia cristiana en el área de Los Ángeles provocó una ola de críticas por parte de líderes religiosos y organizaciones defensoras de migrantes, al considerar que se vulneró un espacio tradicionalmente entendido como santuario para comunidades en situación de riesgo.
Los hechos se registraron la mañana del 26 de enero en la Hills United Methodist Church Hispanic Mission, ubicada en North Hills, cuando la congregación realizaba una jornada de apoyo comunitario que incluía entrega de alimentos y actividades dirigidas a madres y niños. De acuerdo con testimonios de la iglesia, agentes federales ingresaron al estacionamiento del recinto y persiguieron a un hombre de origen mexicano, identificado como Carlos Chávez, quien fue detenido en el lugar y posteriormente deportado.
El momento fue captado en diversos videos difundidos en redes sociales. En las grabaciones se observa a los agentes con el rostro cubierto y armados, bloqueando los accesos con vehículos oficiales, lo que obligó a decenas de personas a resguardarse dentro del templo durante varias horas, sin poder salir y en medio de un ambiente de tensión.
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El pastor de la congregación, Ervin Adin Aguilón, denunció públicamente que el operativo interrumpió una actividad religiosa legítima. “Nuestro ministerio de alimentos es una expresión de fe y servicio. Lo que ocurrió nos obligó a suspenderlo y dejó a la comunidad en estado de shock”, expresó en conferencia de prensa. Añadió que muchos niños permanecieron encerrados junto a sus madres, sin información clara sobre lo que sucedía afuera.
El impacto emocional fue uno de los principales señalamientos de la iglesia. Aguilón relató que varias familias presentaron crisis de ansiedad y temor, al sentirse atrapadas en un lugar que históricamente ha representado protección. “Eso deja una huella que no se borra fácilmente”, sostuvo.
Organizaciones religiosas y de derechos civiles se sumaron a la condena. Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), aseguró que el ingreso de los agentes careció de sustento legal y forma parte de una política de hostigamiento contra comunidades migrantes. La organización activó un protocolo de “respuesta rápida” para documentar el caso y brindar acompañamiento a los afectados.
Líderes religiosos advirtieron que este no es un hecho aislado, ya que en los últimos años se han reportado operativos similares en iglesias, a pesar de que estos espacios han sido considerados históricamente como refugios para personas vulnerables.
¿Qué consecuencias deja este operativo para la comunidad religiosa?
El operativo no solo derivó en la deportación de un miembro de la congregación, sino que generó miedo colectivo, suspendió actividades de ayuda social y alimentó la percepción de que ni siquiera los templos están libres de la presión migratoria, en un contexto donde activistas denuncian una doble moral del Gobierno federal al sancionar irrupciones civiles en iglesias mientras permite intervenciones oficiales en esos mismos espacios.
