Bogotá, Col.- La congresista opositora Piedad Córdoba, inhabilitada por 18 años
para ejercer cargos públicos por sus contactos con las FARC, cometió
“faltas disciplinarias gravísimas” , incluso una que puede considerarse
un delito, según el procurador colombiano, Alejandro Ordóñez.
En una entrevista que hoy publica el diario bogotano El Tiempo, el
funcionario indicó que en los dos años que duró la investigación en el
Ministerio Público se recaudaron una “multitud” de pruebas sobre
Córdoba, muchas de ellas enviadas a la Corte Suprema de Justicia,
encargada de investigar penalmente a los congresistas.
La senadora, gracias a cuya mediación fueron liberadas en los últimos
años 12 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) , fue sancionada la semana pasada con 18 años de
inhabilitación por la Procuraduría (Ministerio Público) por considerar
que había colaborado con la guerrilla y que se había excedido en su
papel de mediadora.
El procurador señaló que en los documentos que se extrajeron de los
computadores del abatido portavoz internacional de las FARC, alias “Raúl
Reyes” , existen varias referencias a “Teodora” , nombre que utilizaba
para referirse a Córdoba, según las investigaciones.
Según Ordóñez, en uno de los correos que supuestamente envió la
senadora, ésta señala que espera una pronta reunión con el secretariado
de las FARC y les recuerda: “yo soy patria o muerte, venceremos” .
“¿Cómo decir que aquí no hay actos de colaboración?” , dijo el
procurador, al explicar que podría ser investigada como presunta autora
de un delito por ese motivo.
Ordóñez indicó que en esos correos encontrados en los ordenadores existe
una recomendación de Córdoba a las FARC para que las pruebas de vida de
los rehenes “no las manden en vídeo sino en audio” .
Además se la acusa de extralimitación de funciones por un correo de
finales de 2007 en el que supuestamente Córdoba le dice a un jefe
rebelde que hay que “catapultar” al presidente venezolano, Hugo Chávez,
de cara al referendo del 2 de diciembre, en el que se incluía la
posibilidad de una reelección indefinida en ese país.
En un principio con la autorización del anterior presidente colombiano,
Álvaro Uribe, Chávez y Córdoba fueron mediadores ante las FARC para la
liberación de rehenes y lograron que la guerrilla entregara de manera
unilateral a seis secuestrados.
La investigación de la Procuraduría contra Córdoba se inició a partir de
los documentos hallados en los computadores del ex portavoz
internacional de las FARC Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes” , que
murió en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1 de marzo
de 2008.
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la
Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial, la Procuraduría estableció
“con certeza” que la senadora aconsejó a las FARC no enviar vídeos de
personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, “con el fin de
adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos” .
Constató también que “instruyó y solicitó a las FARC que suministraran
pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos
de otros países” , no identificados.
Asimismo, según la Procuraduría, la política “efectuó declaraciones en
diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el
fin de favorecer los intereses del grupo subversivo” .
La senadora proclamó el martes su inocencia, aseguró que sus contactos y
encuentros con miembros de las FARC fueron autorizados por las
autoridades y anunció que denunciará ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) la sanción de la Procuraduría.
Además, sostuvo que la decisión de inhabilitarla busca “criminalizar” su
labor humanitaria y se comprometió a seguir trabajando por la paz en
Colombia.
Varios gobiernos, entre ellos los de Venezuela y Bolivia, y organismos han criticado la decisión de la Procuradoría.
