Acusan al gobierno venezolano de "amedrentar" con legislación penal

Caracas.- El gobierno de Venezuela utiliza la justicia penal
como instrumento de extrema eficacia para amedrentar, amenazar y
neutralizar a los adversarios políticos, denunció el abogado
penalista Bayardo Ramírez Monagas. “Ello es posible porque
en este país sudamericano todos los poderes públicos se encuentran
secuestrados y al servicio del Ejecutivo Nacional”, dijo a Notimex el ex
presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas
(Conacuid). Ramírez Monagas dijo que el Ministerio
Público comenzó a popularizar el delito de instigación a delinquir, para
sancionar a quienes disienten del gobierno, y que durante el corto
mandato de Nicolás Maduro 197 personas han sido detenidas por razones
políticas. El analista señaló al respecto que el caso más
emblemático es el del retirado general de Ejército, Antonio Rivero,
detenido por aparecer en un video dando supuestas instrucciones a un
grupo de jóvenes que protestaban en una plaza del este de Caracas. Explicó
que al también ex director nacional de Defensa Civil y actual dirigente
del opositor partido Voluntad Popular (VP) le imputaron cargos de
instigación al odio y asociación para delinquir.La Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo entró en vigencia el 2 de junio de 2012, luego de ser
aprobada en la Asamblea Nacional (Congreso Unicameral) por la mayoría de
diputados oficialistas. “El propósito intimidatorio de la
acusación por el delito de asociación para delinquir, contemplado en la
ley, no es más que la utilización de la justicia penal como instrumento
eficaz y neutralizador contra quienes disienten del régimen”, destacó. Ramírez
Monagas expresó su preocupación porque ante la imposibilidad de
encarcelar preventivamente a los procesados, como establece la Reforma
del Código Orgánico Procesal Penal, se recurre a estos actos delictivos
para conseguir la privación de libertad. Dijo que “en el
texto legal, se establece que quien forme parte de un grupo de
delincuencia organizada será penado por el solo hecho de la asociación
con prisión de seis a 10 años, argumento que perversamente utiliza el
gobierno para castigar a sus adversarios”.”Por esa razón
hoy se encuentran presos activistas políticos, manifestantes o
protagonistas de algunos episodios con trascendencia nacional, a
quienes, sin prueba alguna, el gobierno acusa de ser miembros de grupos
de delincuencia organizada”, sentenció.CHG