Captura Unesa a siete personas con órdenes de aprehensión

Culiacán, Sin.- Por contar ocho órdenes de aprehensión en su contra, siete personas fueron detenidas por investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los municipios de  Ahome, Navolato, Escuinapa y Culiacán.Sin prejuzgar, atendiendo el respeto al derecho del principio constitucional de presunción de inocencia y que nadie es culpable de los delitos que se le imputan hasta que un Juez considere lo contrario, la PGJE informa que por contar con dos órdenes de aprehensión por el delito de Robo Agravado, giradas por los Jueces Cuarto del Distrito Judicial de Culiacán y Primero del Distrito Justicia de Ahome, fue detenido en Los Mochis, Carlos Alberto Apodaca Lizárraga. Por contar con una orden de aprehensión por Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, librada por el Juez Tercero del Distrito Judicial de Ahome fue detenido en la ciudad de Los Mochis, René Mauricio Arredondo Cota y por el delito de Abuso Sexual Agravado fue detenido Manuel Rubio Heras, quien estaba siendo requerido por el Juez Mixto de Navolato.En Los Mochis fue aprehendido Víctor Eduardo Acosta Burboa, quien estaba siendo acusado del delito de Estupro, de igual forma en Escuinapa los agentes de la UNESA detuvieron a Eliu Santiago Sánchez Ponce, quien es acusado de los delitos de Lesiones Dolosas y Violencia Familiar.Requeridos por los Jueces Primero de Guasave y Mixto de Navolato, por el delito de Violencia Familiar fueron detenidos Ramón Enrique Cota Pérez y Rafael Quiñonez García, respectivamente, indican los informes de la PGJE.   Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Mazatlán y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley, con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.ARG