México, D.F.- Los campesinos del Movimiento por la Justicia Agraria de los
estados de Sinaloa, Durango y Nayarit tomarán en breve las oficinas de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la ciudad de México, en protesta
por las acciones dilatorias, discriminatorias y autoritarias de la
Subsecretaría de Infraestructura encabezada por Raúl Murrieta Cummings y la
búsqueda del pago de sus tierras.
El Movimiento por la Justicia Agraria está compuesto por más de 32 núcleos
campesinos, quienes luchan porque se les paguen aproximadamente mil 900
hectáreas en las que se construyó el eje carretero Tepic-Mazatlán-Durango,
predios que fueron ocupados desde hace 17 años los primeros y 10 los más
recientes.
El 23 de diciembre pasado en las oficinas de la SCT en la ciudad de México,
Murrieta Cummings, delante del director para la Atención de las Organizaciones
Sociales de la Secretaría de Gobernación (Segob), Francisco Yáñez Centeno, así
como los delegados de la SCT en Durango, Enrique León de la Barra y en Sinaloa,
Héctor García Fox, el subsecretario de infraestructura se comprometió a
construir una solución.
?Queremos solucionar el asunto con ustedes porque habrá más obra pública y
queremos que el proceso de solución que establezcamos con ustedes, constituya
un modelo a establecer para otros casos similares. No queremos avasallar?,
expresó.
Sin embargo, Murrieta Cummings se ausentó a la reunión de este mediodía y,
afirma Ernesto Pérez Virgen, representante de los campesinos, mostró también su
falta de voluntad política para seguir dando pasos adelante, cuando en su lugar
se presentó nuevamente la Directora de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la
subsecretaría de Infraestructura, América Trejo, quien había reventado la
reunión del 25 de noviembre pasado en Durango.
Los campesinos acordaron con Murrieta Cummings que hoy habrían de conocer el
avalúo maestre sobre sus tierras, verificar que la mayoría de los expedientes
estén cubiertos con la documentación reglamentaria para iniciar el proceso
expropiatorio y aterrizar el pago de las casi mil 900 hectáreas entre los meses
de febrero y marzo.
Sin embargo, América Trejo, como la vez anterior, se mostró abiertamente
discriminatoria y autoritaria con los campesinos a los que espetó que el avalúo
maestre aún no está terminado, pero cuando lo esté, será sólo para consulta de
la SCT, mientras que los ejidatarios ni los demás dueños de la tierra jamás lo
conocerán.
Por su parte, Rosalba Hernández Cornejo, directora de Expropiaciones de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dijo que no
hay expropiación porque los campesinos no le han dado entrada a los técnicos
para medir las tierras afectadas en los ejidos.
Pérez Virgen la desmintió, al recordar que de julio a septiembre de 2010 no
sólo se les permitió la entrada a los ejidos y comunidades afectadas, sino que
los propios campesinos, interesados en el pago de sus predios, los llevaron
ejido por ejido en Sinaloa y Nayarit.
Y no sólo eso. Sino que de tal fecha al día de hoy nunca más se ha presentado
personal de la Sedatu, antes Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a realizar
las mediciones correspondientes.
Antes de levantarse de la mesa que fue a todas luces una táctica dilatoria para
desgastar al Movimiento por la Justicia Agraria, Ernesto Pérez Virgen recordó
al director para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Francisco Yáñez Centeno, que él fue testigo del compromiso
hecho por Murrieta Cummings, de que hoy entregaría el avalúo maestre para
sentar las bases de solución para pagar la tierra a los campesinos, a lo que el
funcionario asintió con la cabeza para corroborar el acuerdo.
Los campesinos habían determinado ayer en el ejido El Palmito, en Sinaloa, que
si se daba una situación como la de hoy, se iban a levantar de la mesa y tomar
otras acciones, como trasladarse a la ciudad de México y tomar las oficinas centrales
de la SCT.
Los campesinos de Sinaloa, Durango y Nayarit exigen se aplique el artículo 20
de la Ley de Expropiación publicada el 27 de enero de 2012, donde se dice que
?la indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de
expropiación, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie?.
El artículo agrega que ?la indemnización por la ocupación temporal o por la
limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado, así
como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la
ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo
referido en el párrafo primero de este artículo?.
Es decir, los campesinos tendrán que recibir el valor comercial de los predios
al momento de realizarse el proceso de expropiación, proceso que aún no ha sido
iniciado, pese a que el eje carretero se encuentra funcionando desde 2004 y de
manera completa a partir del 17 de octubre pasado.IN
