Ley contra candidaturas comunes suma rechazos

?Ciudad de México.- Los partidos del Trabajo y Convergencia se sumaron al juicio promovido por el PRD en contra de la reforma que prohibió las candidaturas comunes en el estado de México. Se espera que mañana el PAN también impugne esta medida. De antemano, el escenario para las demandas promovidas por estos partidos luce difícil y reman en contra corriente. Primero, porque desde enero de este año, la Suprema Corte de Justicia determinó que la eliminación de las candidaturas comunes no viola la Constitución, porque es atribución de cada Congreso estatal decidir si permiten este tipo de candidaturas o no. Y segundo, porque en teoría la Corte tiene un mes para resolver este tipo de casos, pero normalmente suele emitir su decisión prácticamente hasta que está a punto de iniciar el proceso electoral, lo que llevaría el juicio hasta el próximo año. Desde enero la Corte validó la reforma que se aprobó en el 2009 en el estado de Guanajuato, impulsada por el PAN, mediante la cual se eliminó la posibilidad de que los partidos políticos participen en las elecciones locales con candidatos comunes. Para tratar de revertir este criterio y lograr que se anule la reforma similar que se implementó en el Estado de México, el PRD contrató los servicios de uno de los despachos privados más prestigiados del país, que cuentan con la participación de los abogados Gonzalo Aguilar Zínser y Fabián Aguinaco. Los abogados concentraron parte esencial de su defensa en cuestionar e impugnar el proceso que se siguió para reformar la Constitución mexiquense, porque consideran que se incurrieron en irregularidades que harían, por sí solas, inconstitucional la modificación aprobada por la mayoría de diputados locales del PRI y del Partido Verde Ecologista de México. En su demanda argumentaron que se realizó una indebida convocatoria para reformar la Constitución y una “indebida aprobación de la reforma constitucional el 14 de septiembre de 2010, toda vez que el pleno aprobó como orden del día únicamente, el análisis y en su caso discusión de los dictámenes, y no fue convocada para su aprobación”. En este punto hicieron especial énfasis en recordar que el Congreso local no actuó en su calidad de Poder Revisor de la Constitución, sino que siguió el proceso que se sigue normalmente para modificar una ley y no la Carta Magna de la entidad. Pero, en su demanda, el PRD también alegó que la reforma aprobada se restringe y se anulan derechos otorgados a los ciudadanos mexiquenses, con lo que se violan diversas garantías que les otorga la Constitución federal; y que se afectan derechos consagrados en tratados internacionales suscritos por nuestro país.