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Obra bajo sospecha
07, Septiembre 2018
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No parece correcto legalmente, y menos moralmente, la asignación de la obra de drenaje sanitario en Los Ángeles del Triunfo, en el municipio de Guasave, a la compañía constructora en la que aparecen como propietarios el hijo y la esposa del actual director general de Obras Públicas Municipales, Francisco Miguel Retamoza.

 

A pesar de que la obra la licitó el gobierno del estado, hay una aportación del gobierno municipal, para el que trabaja el funcionario, ingrediente que viene a gravar la situación.

 

Es cuestión de interpretar la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa para determinar si hay en la asignación algo que pueda tipificarse como irregularidad, pero elementalmente se tiene que sospechar de una irrupción de esta naturaleza de parte de una empresa vinculada tan estrechamente con un funcionario de primer nivel del ayuntamiento de Guasave, y precisamente del área involucrada.

 

El Artículo 33 de la mencionada ley establece: Queda prohibida la participación en concursos y la djudicación de contratos de obra pública, a las siguientes personas: I.- Las empresas en las que sean propietarios o participen como accionistas, administradores, gerentes, apoderados o comisarios, el servidor público o su representante que deban decidir directamente sobre la adjudicación del contrato, o su cónyuge o sus parientes por afinidad o consaguinidad hasta el cuarto grado.

 

Eso establece la ley. Francisco Miguel Retamoza da una explicación muy simplista para justificar una situación que puede en un momento dado calificarse como sumamente grave.

 

“Yo no puedo decirle a mi hijo que no participe, que no trabaje. Él es ingeniero civil, tiene su empresa desde 2014 y ha participado y trabajado. Yo no le puedo decir a mi hijo que no participe”, afirma en entrevista.

 

Claro que no puede decirle que no trabaje o que no participe en las licitaciones, pero sí puede pedirle que no lo haga en el municipio donde él, su padre, es el titular del área a la que corresponde la obra pública, porque evidentemente lo coloca en un conflicto de intereses, si no es que en situación de delito.

 

No tengo elemento alguno para ni tan siquiera aventurar que la obra por este motivo se esté haciendo de mala calidad, ni tampoco para pensar que el mismo Francisco Miguel tuvo algo que ver en la adjudicación de la misma a la empresa que, además, por si algo faltara, tiene como copropietaria a su esposa.

 

Pero ese no es el meollo del asunto. Delo que no tengo duda es que esta situación es evidentemente mal vista por la sociedad guasavense. Aun cuando no llegue a tipificarse la adjudicación de esa obra en la que se invierten cerca de 15 millones de pesos como irregular, la sociedad apuesto a que ya tiene su veredicto.

 

Pero qué necesidad de atizar más al malestar de una sociedad ya de por sí molesta y harta de obras caras, hechas de mala calidad o dejadas inconclusas y del tráfico de influencias en su adjudicación.

 

Y claro que esto no puede quedar solo así, con una denuncia mediática. El gobierno actual está obligado a brindar una explicación de la manera que se permitió la participación de una empresa tan estrechamente vinculada con un funcionario público.

 

También, el próximo gobierno municipal deberá tener entre sus motivaciones hacer una investigación a fondo de todo este asunto, y proceder en consecuencia en caso de que se encuentren elementos para pensar que hay irregularidades.

 

Más que las leyes y reglamentos, debe regir la actuación de los funcionarios públicos el sentido común y la autorregulación. Y aquí no parece que sea el caso. 

 

FACEBOOK Enrique Gutiérrez 

TWITTER @ENRIQUEGUTIERR 

CORREO egutierrez@rsn.com.mx

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