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¿La Universidad que viene?
23, Julio 2018
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Durante los últimos años, en un proceso que va de menos a más, la política del Estado mexicano en materia educativa se ha venido fincando en parámetros de productividad, calidad, eficacia, eficiencia, rentabilidad y competitividad. A partir de ellos se pretende medir el grado de “efectividad” académica de las instituciones de educación superior.

 
De entrada, con las nuevas directrices, se trata de salir al paso de las “distorsiones” que, desde el punto de vista de la SEP y sus epígonos, han experimentado las universidades públicas como producto, entre otras cosas, de un crecimiento “deforme”, incorrectamente planificado. 
 
A este respecto, la SEP plantea que la admisión de estudiantes debe basarse en rigurosos mecanismos de selección, considerando las probabilidades reales de egreso, es decir, priorizar la atención a los alumnos que demuestren tener las aptitudes y, fundamentalmente, los medios suficientes para terminar con éxito una carrera profesional. 
 
De esa manera se parcelan, en la práctica, las oportunidades de acceso y se genera una elitización de la educación superior. En el fondo, el conflicto consiste en concebir a la educación como un derecho social o como un servicio susceptible de intercambio mercantil. 
 
¿PARA SATISFACER AL MERCADO NADA MÁS? 
En ese sentido, se viene agudizando el reclamo (sobre todo hacia las universidades públicas) de que los egresados cubran los perfiles que demanda el mercado laboral, en congruencia total con las necesidades del sector productivo y las nuevas condiciones de las estrategias del capital transnacional (la globalización económica en primer término, pese al proteccionismo que actualmente impulsan el gobierno estadounidense y los sectores más conservadores de Europa). 
 
Tanto el sector público como el privado aducen deficiencias del sistema educativo pero ambos marginan, o al menos no colocan en su correcta dimensión, la atención indispensable de los problemas de base que tienen qué ver con esas deficiencias. 
 
Por ejemplo, a nadie escapa que las tendencias de la empresa privada a la ganancia inmediata, la visión utilitaria del saber y las formas tradicionales, conservadoras, de asumir la relación educación superior-desarrollo económico, inhiben la creación de núcleos endógenos de investigación científica e innovación tecnológica. 
 
CON UN DESARROLLO DEPENDIENTE
Además, al seguirse un patrón de desarrollo dependiente, en general, se propicia un desfasamiento entre el potencial de las universidades públicas y su correlación con las necesidades productivas de mediano y largo plazo.
 
Por otra parte, es claro que las actuales políticas de educación superior en México constituyen un seguimiento de las directrices generadas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, instancias que desde 1989 dieron a conocer un conjunto de “recomendaciones” sobre educación superior en América Latina y, específicamente, en México. 
 
Entre los lineamientos del BM, del FMI y, más recientemente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacan la tendencia hacia la privatización de la educación; el condicionamiento de la entrega de recursos a la productividad y el privilegio de las acciones educativas “rentables”, en la óptica empresarial privada. 
 
DESDE SALINAS
Fue en el gobierno de Carlos Salinas cuando se pusieron en marcha las adecuaciones y, en su momento, el entonces titular de la SEP, Ernesto Zedillo, las impulsó con energía, sin considerar el tamaño de las asimetrías y las deficiencias estructurales del sistema de educación superior mexicano. A partir de ahí, lo mismo han hecho los titulares de la SEP hasta nuestros días.
 
Por lo demás, el seguimiento de las líneas dictadas por los organismos internacionales no ha contribuido a resolver los grandes problemas nacionales. En estricto, las “políticas de ajuste estructural” sólo han ensanchado las brechas de las inequidades y, en el terreno educativo, dadas las actuales circunstancias, no es dable esperar algo distinto. 
 
Es importante notar que el fenómeno de la “reconversión productiva” llegó a las instituciones educativas, con sus parámetros de “productividad”, “calidad” y “eficiencia”, sin atender la especificidad del quehacer docente e investigativo y sin evaluar el peso de las asimetrías. 
 
LAS NOTABLES ASIMETRÍAS
Por ejemplo, los países de la OCDE gastan, en promedio, 10 mil 220 dólares por estudiante al año, desde educación primaria hasta nivel superior, mientras que México no rebasa los 3 mil 600 dólares por estudiante, ocupando el último lugar de la tabla.
 
Luxemburgo invierte más de 22 mil dólares por estudiante; Estados Unidos, 15 mil 400 y Austria 13 mil. La asimetría es notable. 
 
Por otro lado, el gasto mexicano en ciencia y tecnología es muy inferior al recomendado por la Unesco y, en esas condiciones, resulta un tanto gratuito que la OCDE señale la obsolesencia del marco legal mexicano para ciencia y tecnología, la descoordinación y la falta de control en las tareas de investigación, pasando por la ausencia de criterios uniformes.  
 
En un esquema de carencias recurrentes se ha venido haciendo, vale decir, lo que se puede y, naturalmente, las insuficiencias impactan en todos los campos. 
 
PRIVATIZAR ES EL OBJETIVO
Pero, en realidad, las críticas de la OCDE se dirigen al papel que históricamente ha jugado el Estado mexicano en la conducción de la educación pública, su concepción como derecho o como servicio. Se trata, en ese sentido, de reorientar al Estado hacia estrategias y políticas utilitarias en la visión del libre mercado. 
 
Por supuesto, se tiene que responder a las necesidades emergentes del entorno nacional y mundial, ello es parte de las responsabilidades sustantivas de la universidad pública. La cuestión es si se va a estar al servicio incondicional del sector productivo, en la única línea del capital empresarial privado o, en contraparte, se privilegian los intereses y potencialidades del conjunto nacional, en una perspectiva democrática. 
 
El momento actual, como suele decirse, es de retos y oportunidades. Las universidades públicas en México tienen qué definir su posición de manera muy seria, autocrítica y consecuente, sin marginar su propia realidad, sus inercias y problemas internos, pero con clara conciencia de su compromiso original con las mayorías nacionales. 
 
EN EL TINTERO
-Problema que no se resuelve sigue siendo nota, nos decía hace ya casi 50 años Don Gustavo D. Cañedo, en “La Voz de Sinaloa”. Vale para la caótica ciudad de Culiacán, sin remedio a la vista (vamos a ver con qué sale el alcalde que viene).
 
-Ni hablar: sigue la inefable GNP de los Bailleres (de los más ricos de México, ahora invitados al amor y la paz por AMLO) rehuyendo su responsabilidad en el caso del siniestro número 62992342, ocurrido en la ciudad de Culiacán el 19 de agosto de 2016, “cuando ni siquiera pagó la grúa para llevar el carro al taller”, se nos pide insistir. Para eso cuentan con la complicidad de condusefes, profecos y juzgados. (cano.1979@live.com). 
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