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De precios y cosechas
19, Febrero 2018
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Los auténticos productores agrícolas, los que realmente trabajan la tierra y viven de lo que cosechan, tienen toda la razón de sentirse indignados por la política gubernamental hacia el campo, que ha permitido sistemas que generan un abusivo incremento en los insumos que requieren y un freno a los precios de sus productos.
 
Esto les genera un aumento desmesurado de sus costos de producción, y reduce al mínimo o cancela cualquier margen de utilidad, si es que los rendimientos de sus cosechas se los permiten.
 
En estos momentos nadie les puede decir a los productores de frijol que es justo el precio por debajo de los 14 mil pesos por tonelada que se les está ofreciendo.
 
Tampoco, que ante el incumplimiento en la entrega de diversos apoyos para maiceros deben mantener una jobiana paciencia y esperar que se los hagan llegar cuando a los altos funcionarios de dependencias de gobierno involucradas les dé la gana.
 
Pero los agricultores hoy en medio de las carencias, mentiras del gobierno y abusos de los intermediarios, tienen que ser, en justicia, cuando menos un poco autocríticos.
 
El problema de comercialización de frijol sinaloense es esencialmente de organización de los propios productores.
 
Sin dejar de reconocer que el gobierno, en todos los niveles, ha fallado al establecer condiciones de equidad y justicia en estos procesos, los agricultores han dejado pasar el tiempo sin establecer medidas de protección necesarias para reducir los riesgos que implica quedar en las garras de los intermediarios, sin tener otras opciones para colocar sus cosechas.
 
Y hay una verdad irrefutable, aunque dolorosa para el sector agrícola: por apoyos financieros gubernamentales no ha quedado.
 
Hace unas décadas había organizaciones del sector social y privado que disponían de todo tipo de maquinaria e infraestructura de almacenamiento, que con el paso de los años se perdió.
 
Las entonces uniones de ejidos de producción agropecuaria, como la de Angostura, Guasave y Ahome, además de otras como la Aric “La Libertad”, recibieron millonarios recursos de parte de diversos gobiernos.
 
Llegaron a tener gran cantidad de bodegas para almacenar miles y miles de toneladas de granos, flotillas de aviones fumigadores, cientos de camiones de carga, muchas trilladoras y tractores, edificios propios y hasta gasolineras. Todo se acabaron, sin que se le rindiera cuentas absolutamente a nadie.
 
De haber mantenido en operación en más o menos buenas condiciones esas organizaciones, los productores dispondrían, por ejemplo, de maquinaria para reducir costos de producción y bodegas para almacenar sus cosechas hasta que éstas alcanzaran condiciones adecuadas para su comercialización.
 
Claro que está también como factor de crisis las reglas a las que el gobierno los ha obligado a someterse, pero de haber aprovechado todo eso que se les dio en su momento, todas esas adversidades bien pudieron enfrentarlas con mayores posibilidades de éxito.
 
Creo que debe haber condiciones justas para la convivencia de todos los que intervienen en este proceso de producción y comercialización agrícola.
 
El agricultor debe tener una utilidad razonable por el esfuerzo para hacer producir la tierra y enfrentar todos los riesgos que ello implica, pero también el intermediario pone en peligro su capital al adquirir la producción para hacerla llegar al consumidor, y debe tener una ganancia justa por ello.
 
Pero sin la voracidad que ha caracterizado a muchos intermediarios, que con frecuencia para arrebatarles las cosechas a los productores se amafian con funcionarios de gobierno.
 
FACEBOOK Enrique Gutiérrez  
 
TWITTER @ENRIQUEGUTIERR
 
CORREO egutierrez@rsn.com.mx
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