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Los bebés vulnerables
15, Febrero 2018
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No es cualquier nota el hecho de que cientos de jornaleros agrícolas vivan en insalubres cuarterías y durante las últimas semanas se hayan registrado cuatro muertes de bebés de esas familias en Guasave.

Algo muy serio debe estar pasando para que en el transcurso de unas cuantas semanas mueran cuatro bebés hijos de jornaleros agrícolas en la zona de Guasave.

Algo grave debe estar pasando. Algo no anda bien cuando se permite que familias de trabajadores del campo que llegan de otros estados del país a emplearse en las labores del campo, vivan hacinadas en pequeños cuartos, por los que incluso tienen que pagar a particulares, en precarias condiciones de bienestar e higiene.

Son varios los factores que se conjugan para que estos jornaleros y sus hijos estén en latente riesgo: se trata de uno de los segmentos laborales más desprotegidos, una gran mayoría ignora sus derechos, una parte de sus patrones siempre busca explotarlos al máximo, las autoridades que deberían estar pendientes de que se les dé un trato digno generalmente se coluden con las empresas que los emplean, no son inscritos al Seguro Social, tampoco se les brinda servicio particular, y la atención médica en hospitales y centros de salud del gobierno atraviesa por severa crisis.

En reconocimiento a una realidad irrefutable, tenemos que aceptar que en Sinaloa durante los últimos años se han logrado avances sustanciales en el trato a los jornaleros agrícolas, nativos y migrantes, pero lamentablemente que, también, persisten vicios y rezagos que requieren ser corregidos.

El acceso a trato más digno de los jornaleros y sus familias lamentablemente no ha sido empujado siempre por la generosidad, reciprocidad o conciencia de la parte patronal, ni por el cumplimiento responsable de las funciones de quienes desde gobierno deben garantizar el respeto a las leyes laborales, sino por exigencias de inocuidad impuestas por los importadores extranjeros, la tecnificación de la actividad y por las acciones de organizaciones humanitarias.

Hay empresas que siguen presentando una doble cara. Una que dan a los trabajadores locales, y otra a jornaleros que traen desde otros estados del país. Si para ello requieren complicidades, desde dependencias de gobierno hasta organismos sindicales, las compran.

Cierto que no son todas las compañías agrícolas, pero siguen operando muchas que insisten en prácticas de largas jornadas de trabajo, sueldos bajos, maltrato de mandos medios, despidos injustificados, falta de acceso a la atención médica y condiciones deplorables de higiene y vivienda. Las muertes de menores que se han registrado podrían tener ahí cuando menos parte de su causa.

El gobierno tiene una obligación fundamental en el proceso de abatir estos problemas. Está por una parte la cuestión presupuestal para proteger a los grupos sociales menos favorecidos, y por otra la aplicación de la ley con eficacia, además de la implementación de programas sociales que garanticen  un impacto real en este segmento laboral tan vulnerable.

Hay ejemplos extraordinarios de empresas que han demostrado que no requieren del Estado políticas proteccionistas que más que ayudar demeritan los reales derechos laborales de los trabajadores del campo, sino únicamente del establecimiento de políticas públicas responsables de coadyuvancia en la atención de la problemática.

Creo que las frecuentes muertes de menores hijos de jornaleros agrícolas muestran que no todo anda bien. Que es necesario ir más allá de lo que hasta ahora se ha hecho por dar un trato digno, respetuoso y apegado a la ley a ese grupo laboral tan maltratado.

FACEBOOK Enrique Gutiérrez
TWITTER @ENRIQUEGUTIERR
CORREO egutierrez@rsn.com.mx

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