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Justicia sí, venganza no
11, Enero 2018
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Ir contra exfuncionarios que incurrieron en irregularidades para inhabilitarlos políticamente, no debe ser una especie de moda, ni convertirse en una herramienta a disposición para concretar venganzas y despejar caminos a ambiciones electorales.

Debe ser, en cambio, una práctica permanente, junto con todas las demás disponibles, que permita terminar con la impunidad a muchos que aprovechándose de su cargo en gobierno saquean las finanzas públicas.

Durante las últimas semanas han quedado en esa circunstancia de inhabilitación y sujetos a proceso varios ex funcionarios estatales que en diversas dependencias incurrieron, por acción u omisión, en ejercicio irregular de la función pública.

Luego, en Mazatlán los ex alcaldes Alejandro Higuera y Carlos Felton fueron inhabilitados por supuestas irregularidades en la edificación del tiburonario, junto con varios ex funcionarios que los acompañaron en sus gobiernos.

Más recientemente, en Guasave, se anunció que tres o cuatro ex funcionarios municipales, entre ellos el propio ex alcalde, Armando Leyson Castro, pudieran ser inhabilitados por presunto mal manejo de 10 millones de pesos del Plan Río Sinaloa.

La estricta aplicación de la ley a funcionarios que sean detectados ejerciendo irresponsablemente la función pública, no debe, de ninguna manera, estar sujeta a tiempos electorales.

El caso es que pese a disponerse de esa opción raramente se aplicaba, debido a la cadena de complicidades entre una y otra administración, cobijándose todos con el manto de la impunidad.

Eso ha generado que ahora que se ha procedido contra ex funcionarios cuya actuación es puesta en duda, de inmediato asalte la sospecha sobre las auténticas causas que han generado estas acciones.

El que un gobierno se convierta en cómplice de su antecesor tapándole toda clase de corruptelas, es tan grave como proceder contra éste solo con el afán de venganza, porque pervierte un procedimiento que la sociedad demanda sea aplicado con toda responsabilidad y de manera permanente.

Las dudas se deben despejar con la contundencia de los elementos de prueba de la instancia que está demandando la inhabilitación de los exfuncionarios. Para que esto no genere sospechas, sino certeza de justicia en los ciudadanos de que quien la hace la paga, en cualquier momento.

Por eso, y en todo tiempo, ir contra esos malos gobernantes que hayan hecho uso inadecuado de su cargo, debe ser la regla y no la excepción en todo gobierno.

FACEBOOK Enrique Gutiérrez
TWITTER @ENRIQUEGUTIERR
CORREO egutierrez@rsn.com.mx

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