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¡Esto es un asalto!
24, Agosto 2017
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Hace unos días, cuando se conoció el presupuesto público federal para el financiamiento de los partidos políticos en 2018, se generó un sentimiento de indignación y mucho coraje.

 

Se trata de un obsceno pero legalizado asalto a los ciudadanos, de dinero público captado vía impuestos, que todos los mexicanos pagamos, que debería ser invertido en obras, servicios y programas que incidieran en un beneficio de la calidad de vida de la sociedad, no para pagar los privilegios de una clase política que evidentemente ha sido incapaz y claramente corrupta.

 

De ninguna manera se trata de que el Estado Mexicano se deslinde de su responsabilidad en el avance democrático, pero sí de que se quede con la obligación de invertir en la organización de las elecciones, de sostener instituciones que regulen los procesos electorales y de otras que fiscalicen los dineros recibidos vía aportaciones, y dejar el sostenimiento de los partidos políticos a sus militantes y simpatizantes.

 

Los partidos políticos desde sus espacios logrados en los órganos legislativos se han aprovechado de ese privilegio para crear toda una trama jurídica para meter la mano al erario en todos los niveles, federal, estatal y municipal vía diversas prerrogativas.

 

Los 6 mil 788 millones de pesos del presupuesto federal que se repartirán los partidos políticos se los asignan en función del padrón electoral vigente, ni tan siquiera referenciando la cantidad de ciudadanos que acuden a depositar su voto.

 

Esto representa, de entrada, que cada mexicano, cualquiera que sea su edad, ideología, militancia o religión, tenga una obligada aportación de 57 pesos para esos partidos en 2018.

 

En Sinaloa, partiendo de su población, esa erogación representa un gasto de más de 168 millones de pesos, pero a ello se le debe sumar el presupuesto estatal asignado a los partidos que el año próximo por ser electoral será por el orden de los 180 millones de pesos.

 

Y ni los municipios se escapan, porque los 18 ayuntamientos de Sinaloa deben entregar, por ley, 8 mil pesos por cada regidor al partido que corresponda, lo que hace un total de 22 millones de pesos anuales.

 

Si sumamos las prerrogativas para el sostenimiento de los partidos en los tres niveles de gobierno, resulta que en nuestro estado éstos nos costarán a los sinaloenses cerca de 379 millones de pesos.

 

Eso significa para cada habitante de Sinaloa, no solo a los empadronados y que pueden votar, sino al que va naciendo, 175 pesos anuales.

 

Esto, en un país y un estado con tantas carencias, resulta insultante, obsceno, y lo peor es que quienes podrían modificar esas reglas son los mismos que idearon este asalto al erario y los directamente beneficiados con todo ello.

 

Sí, es grosero y es injusto, pero es lo que esos partidos en su insaciable voracidad han hecho con nosotros los ciudadanos, una clase política que no ha estado a la altura de la problemática del país y que de ninguna manera se merece este trato privilegiado que ellos se han creado.

 

 

FACEBOOK Enrique Gutiérrez

TWITTER @ENRIQUEGUTIERR

CORREO egutierrez@rsn.com.mx

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