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10, Julio 2017
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Con total seriedad, sin tonalidades ni sentencias anticipadas salió a los medios de comunicación, como pocas veces lo hace, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio.

El objetivo: cumplimentar la promesa del gobernador Quirino Ordaz Coppel de hacer público el resultado de la investigación a las cuentas de la administración anterior, y aunque precisó que el exgobernador Mario López Valdez no está observado en ninguna irregularidad ni es sujeto a ninguna denuncia, sí aclaró que nueve de sus exfuncionarios podrían ser denunciados ante las autoridades para que aclaren el gasto de más de 2 mil millones de pesos con diversas irregularidades que van desde desvío de un etiquetado a otro, de cuentas no autorizadas, etcétera.

Yan Rubio detalló que encontraron traspasos no justificados de cuentas federales por 563.7 millones de pesos, pagos en exceso a contratistas fuera de norma y contratos a proveedores sancionados por la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria.

También reveló que en la revisión de 830 millones de pesos de gasto operativo, encontraron gastos que carecen de soporte documental que comprueben la adquisición de bienes o servicios, facturas apócrifas o editadas, servicios facturados sin que exista proceso de contratación ni contrato de prestación de servicio.

El gobierno de Quirino se anticipó así a la discusión de las cuentas públicas en el Congreso del Estado, y habrá que ver si es el paso uno de dos con una posible desaprobación de las mismas o simplemente con ello marca su postura de frente al compromiso de campaña, independientemente de lo que se vote en el Legislativo.

El informe de la ASE de la auditoría practicada en Salvador Alvarado durante el segundo semestre de 2016, arroja que la presidenta municipal Liliana Cárdenas, regidores y síndico procurador, se repartieron 5.5 mdp como sobresueldo en depósitos quincenales que se justificó como indemnización por enfermedad y riesgo laboral.

Se considera a esto como una afectación a la hacienda municipal y se instruye a la síndico procuradora para el seguimiento del caso.

La funcionaria encargada de la fiscalización reveló que ese sobresueldo por ese concepto se manejó durante todo el año.

Cabe recordar que previamente también se conoció que los 13 regidores y el síndico procurador de la pasada administración, recibieron 10 mil pesos mensuales durante todo 2016 como compensación para ayuda social.

Sin lugar a dudas los beneficiados con ese jugoso ingreso tienen mucho que explicar, y lo otro es ver si tendrán que resarcir el recurso o solo quedará en la quemada mediática como ocurrió con los 10 mil pesos mensuales...

No han dejado de colgarse la medalla los funcionarios del municipio de Guasave por la inversión privada del complejo comercial e inmobiliario La Mariposa, que bastante revuelo ha causado en redes sociales por el nombre.

Quien ha levantado la mano primero es la alcaldesa, que defiende a capa y espada que las gestiones fueron directamente realizadas por ella, cosa que también sostiene Álvaro González, director de Desarrollo Económico, quien de sus propias palabras dice: “Yo facilité los trámites y les di incentivos fiscales a los inversionistas", como si no le pagaran para eso; si no fuera así, qué caso tiene que existiera esta dirección; hasta dice que la gente está haciendo cola para que le den trabajo en la construcción.

Tal vez los funcionarios piensen que los guasavenses después de esta inversión, que no deja de ser importante y de gran magnitud, deben arrodillarse y darles las gracias, pero de tantos que se han puesto la corona, ya ni se sabe a quién agradacer.

El dirigente del sindicato de trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Roberto Acosta Quevedo, trata de nadar de muertito y no dar la cara a quienes cuestionan los onerosos sueldos que se erogan a favor de él y sus allegados, más de 300 mil pesos son los que cada mes se depositan a las cuentas de un grupo mayor a 10 personas, entre las que destacan el líder y al menos nueve de sus familiares, contando a su hijo, quien gana más de 20 mil pesos al mes y tiene un puesto de auxiliar de bombero.

Quizá haya sido esa la instrucción de la alcaldesa Diana Armenta para no entrar en confrontaciones mediáticas y seguirlo protegiendo como hasta ahora, pues la medida que impuso al Stasag no la aplicó al de la junta, cuando es sabido por muchos que un trabajador jubilado no debe, según los estatutos, dirigir el gremio, pero que abusando del poder expulsó a aquellos que pretendían hacerlos valer... Así se las gastan. O peor. Comentarios: lineadirectaportal@rsn.com.mx

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