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INICIATIVA SINALOA
Diputados de mal en peor
04, Julio 2017
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Los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización quieren discutir y aprobar a puertas cerradas las cuentas públicas. Con el argumento de evitar “politizar” y privilegiar el análisis técnico, hace una semana presentaron seis de los siete integrantes de esta Comisión una iniciativa que pretende eliminar dos párrafos del art. 37 de la Constitución del Estado, con la finalidad de que ya no se discuta y apruebe en sesión ordinaria, por todos los diputados locales, las cuentas públicas del Gobierno Estatal, los municipios etc.

No es casualidad que lo anterior surja a partir de la pasada efervescencia ciudadana que provocó la cancelación de las cuentas públicas, por parte del pleno, del exmandatario Malova. A partir de tal suceso vemos que aquel Congreso que se decía ser el promotor de la transparencia y del parlamento abierto, salir por la puerta trasera; la de la opacidad.

En pleno contexto nacional donde el tema de la apertura está en boga y viene como una ola para todos los estados, estos seis diputados con Menchaca del PRI al frente quieren marcar precedente en la historia de la rendición de cuentas, pues de aprobarse esta iniciativa significaría un retroceso en la materia ya que a nivel nacional ningún estado faculta para que ocurra de esta manera.

La iniciativa impulsada por los cuatros diputados del PRI, uno del PAS y otro más del Panal, representa la herramienta perfecta para simular acabar con una atribución del Legislativo que consideran “innecesaria” y en consecuencia abrirle camino a la ASE y sus nuevas facultades de fiscalización. De ser así, nos encontraríamos frente a un nuevo Poder Legislativo que, lejos de representar un contrapeso para los otros poderes y sus irregularidades, estaría siendo una plataforma que permite la impunidad al abrirle una nueva ventana a la corrupción; pues la privacidad con la que se llevan a cabo las reuniones en comisiones, cobijadas bajo el artículo 70 de la propia Constitución Local, abona a la discrecionalidad y que permeé la opacidad.

Los diputados deben entender que aquí el problema no es si el análisis es técnico o no, el problema es que se le está negando a la ciudadanía su derecho a conocer cómo fueron ejercidos los recursos por sus gobernantes. La afirmación dada por los diputados, incluso hasta por el propio Melesio Cuén, no tiene sustento pues ¿Cómo sabremos si en comisiones efectivamente sí le darán un análisis técnico? O bien, ¿bajo qué instrumentos lo harán?

Estos cuestionamientos son difíciles de responder, ya que las reuniones en comisiones siguen privadas. Esto indica claramente que van de mal en peor. Si hoy están retrocediendo en materia de parlamento abierto para solapar irregularidades, ¿Qué logros tendrán que sacrificar mañana?

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