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Ley de Fiscalización: los dientes de la ASE
20, Junio 2017
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En Sinaloa, el Gobierno permite y no sanciona actos de corrupción. Así se constató nuevamente a través de una investigación periodística donde se evidenció que durante el gobierno de Mario López Valdez, se autorizaron 247 mdp para empresas fantasmas, es decir,  empresas  que simularon operaciones, que emitieron facturas apócrifas o que son consideradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT).

 

Aunque no es el primer caso de corrupción que se destapa después de su mandato, aún no vemos ni al Fiscal, Ríos Estavillo, y ni a la Auditoria Superior del Estado (ASE) investigándolo e ir tras él, pues hasta hace apenas unos meses Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora de esta última, declaró que únicamente se están investigando a las secretarías y cada uno de sus ex secretarios, sin embargo no existe hasta el momento un proceso de investigación contra el ex gobernador.

 

Afortunadamente con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la Ley de Fiscalización, los sinaloenses tenemos aún esperanzas para que la corrupción ya pueda ser controlada.  Ahora el trabajo de la ASE no quedaría sólo en “pliegos de observaciones”,  pues la ley de fiscalización, cuya discusión en comisiones se pospuso por segunda ocasión, promete ser la vía legal para prevenir, investigar, y lo mejor de todo, castigar redes de corrupción, es decir, se le estaría dando “dientes”.

 

Lo anterior debido a que se dotaría a la ASE de mayores facultades y herramientas de investigación que permitan una fiscalización eficaz. Algunas de estas facultades,  que supone el IMCO en su “Ley Modelo” con mayor relevancia, son las siguientes:

 

* Ampliación de los principios de la fiscalización. Además de los principios ya previstos en el artículo 116 de la Constitución Federal, se incluyen los principios de definitividad, transparencia y máxima publicidad.

 

* Obliga a dar seguimiento efectivo a los resultados y observaciones hechos por la ASE a los entes fiscalizados.

 

* Se reducen procedimientos y plazos para evitar que los resultados de las auditorías se dan a conocer hasta años después.

 

* Se sitúa al ciudadano como el principal receptor del trabajo de la Auditoría. Se establecer que los informes que debe rendir la Auditoría del Estado estén dirigidos, básicamente, a informar a la ciudadanía, además del Congreso del Estado.

 

* Mayor participación de la ciudadanía en la fiscalización. Se prevé la creación de un Consejo Ciudadano de Fiscalización,  compuesto por siete miembros honoríficos.

 

* La ASE podrá imponer multas cuando no se atiendan sus requerimientos.

 

* Se podrán fincar responsabilidades administrativas a partir de las observaciones que la ASE haga de la Cuenta Pública.

 

* Y finalmente, verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades fiscalizadas para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables.

 

El Sistema Anticorrupción aún continúa en manos de los diputados. Será responsabilidad de ellos integrar estos y más puntos que son fundamentales en el tema de la fiscalización. Es necesario que, al dictaminar esta ley, comprendan que elreto es lograr una auténtica autonomía por parte de los órganos de fiscalización, es decir, que eviten que estos sigan controlados por el Ejecutivo y se haga valer un verdadero sistema democrático con pesos y contrapesos.

 

Ahora es el momento. Queremos una ASE con dientes para arrancar la corrupción, desde los falsos procesos de contratación pública donde se destinan millones a empresas fantasmas hasta la persecución no personalizada de funcionarios, sino de toda la red que está tras él que hizo posible tal acto.

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