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12, Junio 2017
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Se protegió la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, al aclarar que la dependencia a su cargo no entregó los documentos catalogados como reservados por tratarse del informe del primer semestre de 2016 de la cuenta pública del gobierno estatal que fue rechazada por presuntas irregularidades en el uso del erario.

Pero quien sí lo hizo, y se dice que por desconocimiento de la ley, fue el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, José Menchaca López; le pasó los informes a David Moreno Lizárraga, presidente del Parlamento Ciudadano, y hasta encargó al área de prensa del Legislativo enviar fotos y boletín a los medios de comunicación, pero ahora se sabe que fue una acción indebida por la cual el diputado puede ser castigado.

Por la falta cometida por el legislador debiera ser destituido como presidente de la comisión, pero la realidad se antoja difícil ya que se ocupan 27 votos para ello y con los de su partido, el PRI, tiene 21, más dos del Panal y uno del Verde, que la inmensa mayoría lenvanta la mano junta, entonces únicamente buscaría el respaldo de los del PAS.

La duda está en el aire: si Menchaca la regó por ignorancia o es una estrategia de una supuesta apertura a la sociedad que quedará pulverizada cuando se apruebe la cuenta pública de Mario López Valdez, pasando por alto que algunos exfuncionarios cometieron fallas con daño a la hacienda pública.

Con bombo y platillo anunciaron un programa de financiamiento para el rescate de los comerciantes afectados con los trabajos del Centro Histórico, tanto Fernando Pucheta como el secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, ambos mazatlecos que parecieran conocer poco a sus paisanos, todos presumiendo de su labor de un rescate de aquellos negocios y levantándose el cuello por esta acción.

Todo iba viento en popa hasta que Dorah Corona, una de las afectadas, tomó la palabra y les cuestionó en dónde está el apoyo, si al final tendrán que pagar las ocurrencias de la autoridad, ya sea estatal o municipal, todo por no tener una planeación y menos brindar una información de los trabajos, tramos que hoy parecieran haber sido bombardeados, calles cerradas, boca de lobo de noche y más de 40 negocios cerrados provisionalmente, y donde empresarios que buscan alternativas para no afectar más a sus empleados, al tenerles que dar vacaciones obligadas.

Claro a nadie de los que hacían caravana con sombrero ajeno, lo cual frustró a la autoridad.

Los dos proyectos que serían detonantes de la economía y generarían riquezas en los habitantes de Rosario y Escuinapa, que son la Santa María y el CIP, se han convertido en sueños cada vez más inalcanzables, ya que desde su construcción en estas obras la mayor parte de la mano obra viene de fuera.

El CIP es una fortaleza al que solo pueden entrar algunos privilegiados y altos políticos, es el punto de presunción en los discursos y está detenido desde 2016; la presa Santa María es una medalla más en los discursos de los políticos, quienes la presumen adonde van, pero no van adonde los comuneros exigen el pago por sus tierras, lo que ha generado que la obra también esté parada por más de 10 días, con este panorama, y ante la ausencia del Chapulín Colorado, al sur, ¿quien podrá ayudarlo?

Los que no hallan la puerta son los funcionarios de Seguridad y Justicia y de la "novedosa" Fiscalía General del Estado, y es que si faltara algo que ver en Sinaloa, el pasado domingo fueron localizados siete costales con cadáveres (todavía no se sabe cuántos) a la orilla del río Humaya, en las inmediaciones de la colonia Las Cucas. Durante el fin de semana también fue encontrado asesinado el hermano del exdelegado de Economía, Radamés Díaz Meza; y a la niña Dayana, robada en San Pedro, Navolato, no la han podido encontrar.

¿Cuál era la otra pregunta? preguntó en repetidas ocasiones la vicefiscal general del estado, Nuria Alejandra González Elizalde, a los reporteros. "Es que son muchos temas", reconoció en conferencia de prensa donde fue bombardeada con preguntas de los últimos hechos violentos... que no son pocos.

No había trascendido a los medios, pero en Guasave, a casi medio año de dejar de cobrar del erario se supo que la mitad de los regidores que conformaban el cabildo de la administración pasada, no ha perdido la esperanza de que el Ayuntamiento le pague sueldos, aguinaldos y compensaciones que le quedó debiendo el gobierno del cual formó parte.

Los que andan en busca de esos pagos, que oscilan entre los 400 mil pesos el que menos pide, hasta más de 800 mil pesos, el que más, son los perredistas Saúl Gámez Armenta, Carmen Julia Almeida Espinoza y Noé Salvador Rodríguez Peñuelas; el “petista” azul Enrique Soto Escalante y los panistas Benjamín Ahumada López, Zulma Carrillo Caldera, Lourdes Martínez, Gabriela López Salazar y Manuel Orduño Lugo.

Trascendió que días antes de que terminara el convulsionado gobierno del Kory Leyson, este con la autoridad de presidente municipal, les firmó un documento a los ahora exediles donde reconocía el adeudo de salarios, aguinaldo y compensaciones, para que con ese documento oficial pudieran reclamar el pago a su sucesora, Diana Armenta, lo que en efecto están haciendo.

Ya veremos la reacción de la alcaldesa y si reconoce ese adeudo que en global ronda los 5 millones de pesos... Así se las gastan. O peor...Comentarios: lineadirectaportal@rsn.com.mx

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