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Regular el conflicto de interés en Sinaloa
07, Junio 2017
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Hace unas semanas Mazatlán vivió un ecocidio en su centro histórico como resultado de un proyecto de obra para pavimentar con piedra de cantera diversas calles en el centro de la ciudad. Dicho proyecto da señales de que el proceso de contratación se vio mermado desde el inicio, pues se identificaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental, según la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), dando como resultado la tala de una docena de árboles.


Asimismo vemos a la directora de Ecología del municipio de Mazatlán, Elsa Bojórquez, presentar su renuncia a partir de que el hermano Quirino, al ser uno de los constructores de las obras de remodelación, la presionó para que dieran una justificación y que asumiera la tala de los árboles, por lo que la ex funcionaria externó que era difícil continuar, ya que los poderes fácticos son los que se imponen sobre los que gobiernan, y en este caso la presión vino de un hermano del gobernador, que no posee puesto público alguno.
 
Lo anterior refleja una situación de conflicto de interés, pues tal y como afirmó la ex directora de Ecología ¿Qué hace el hermano del gobernador, ajeno a la función pública, llamándola en medio de este tema polémico que involucra millones? (alrededor de 27 mdp dividido entre tres contratos: LO-925004998-E2-2017; LO-925004998-E3-2017; y LO-925004998-E4-2017 respectivamente).
 
En este sentido, el gobernador Quirino Ordaz tiene que explicar a los sinaloenses qué hace su hermano tratando de influir en el futuro de una de las principales obras del puerto, pues esto se traduce en un conflicto de interés y a nivel federal, según el Artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, está tipificado como delito grave y debe ser sancionado, con base al artículo 78, mediante la suspensión del empleo, la destitución del empleo, sanción económica o con la inhabilitación temporal.
 
Los diputados locales tienen una oportunidad en sus manos para legislar en ese sentido y a través de la legislación local crear mecanismos de control, como por ejemplo la obligatoriedad y publicidad de la declaración de no conflicto de interés. En pleno proceso para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción, con la discusión de las leyes que le darán vida, están a tiempo de integrar el conflicto de interés en la futura Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado, pues lamentablemente aún sigue siendo un tema “tabú” y sin embargo es de interés público.
 
Queremos que Sinaloa avance y discuta temas que ya están en la arena nacional y están surtiendo efecto para contrarrestar actos de corrupción. Las declaración de no conflicto de intereses así como la patrimonial y la fiscal, no son un tema de moda; es el traducción de la exigencia ciudadana ante los saqueos continuos por parte de funcionarios corruptos. Que el Congreso de Sinaloa se arme de voluntad política y ponga un alto; pues si no es ahora, difícilmente lo veremos en otro momento. 
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