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La ilegalidad comienza ahí
31, Mayo 2017
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?Bien dicen que las leyes no son garantía del buen funcionamiento de una sociedad democrática, donde el respeto a los derechos es el motor principal de cada acción de un gobierno.

Tal es el caso de la Ley de Transparencia de México, reconocida -al menos para Latinoamérica- como una de las mejores en tanto incorpora contenidos que sí garantizarían el ejercicio de un derecho como lo es el del acceso a la información pública.

Pero, ¿qué pasa cuando esa ley se queda en papel? ¿Cuándo las mínimas obligaciones ahí establecidas no las acatan ni los funcionarios públicos? Pasa lo que ocurre en Sinaloa.  

Una entidad que por muchos años presumió ser la primera entidad del país en implementar una ley de este tipo, hoy no puede seguir jactándose de tal progresismo.

Buscas información mínima en los portales de Transparencia de cualquier dependencia pública y encuentras información desactualizada, omisión de obligaciones, documentos en formatos cerrados (no manipulables), entre otras faltas a la ley.

¿Y qué pasa cuando una dependencia incumple con la Ley? Parecería que nada. Nada porque vemos cómo siguen cometiéndose tales faltas, como si quienes están al frente de la responsabilidad de cumplir una norma supieran que ser opacos, no rendir cuentas sobre sus atribuciones y el uso de los recursos públicos, no tuviera consecuencias que valgan la pena.

Por eso las amonestaciones públicas (una de las medidas de apremio que sigue considerando la Ley de Transparencia en México) ha llegado a considerarse como una burla para los ciudadanos que defendemos que los mecanismos de sanción sí deben modificar comportamientos en los funcionarios.

Por eso, la denuncia como herramienta ciudadana para hacer que la opacidad quede en el pasado en Sinaloa, debe ser utilizada por el mayor un número de afectados del derecho de acceso a la información.

Pero también, hay que estar claros que ni las denuncias ni las amonestaciones surtirán su efecto si no contamos con una Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública realmente autónoma de los gobiernos, para que active estos procedimientos de manera ágil y con determinación, para aplicar las sanciones económicas contra los funcionarios públicos responsables de no publicar información en los portales de internet (la ley señala que las sanciones económicas son contra los funcionarios directamente, no contra las instituciones, pues la sanción debe ser pagada por el responsable, de su bolsillo).

La ilegalidad comienza cuando un servidor público o funcionario responsable de cumplir una Ley como la de Transparencia, incumple.

Y más grave es que estás fallas sigan ocurriendo y que un órgano estatal de transparencia no esté siendo capaz de implementar las medidas adecuadas para modificar esa conducta y/o práctica.

Para presumir una ley, primera hay que saberla cumplir. La transparencia de la información pública es una obligación legal, no podemos permitir que los funcionarios sigan escondiendo información que es de los ciudadanos.

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