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No está contemplado en los estatutos del PRI, pero acorde a usos y costumbres del librito tricolor, a los alcaldes emanados de ese partido se les otorga la posición del PRI municipal . Y así que cada edil tricolor se responsabilice del partido y sus sectores como lo hace el CEN del PRI, para que los gobernadores impongan al gerente estatal del tricolor y sus sectores.

En Sinaloa hay coraje en la granja de ese partido, ya que el gobernador Quirino Ordaz Coppel en los principales municipios le impone a los alcaldes al titular del partido.

Culiacán, por ejemplo, y ni se diga Mazatlán. En Ahome todo indica se le corrió cortesía al exgobernador Mario López Valdez. Aún.

La pregunta es, ¿por qué Quirino rompe radical y políticamente con la tradición municipal priista?

¿Qué pretende? Por lo pronto los alcaldes Chuy Valdés, Pucheta y hasta Álvaro Ruelas, deben tomar nota: desde el Tercer Piso harán todo por no permitirles su reelección... salvo que, contrario al Jr. Chávez, saquen algo más que la casta.

Si se calificara a los legisladores como en un juego de beisbol, sin duda el presidente de la comisión de Agricultura en el Congreso federal, Germán Escobar Manjarrez, resultaría "ponchado" en cada una de las entradas.

Y es que ya son varias las declaraciones que ha hecho y que han causado revuelo en la opinión pública, y como si se tratara de escalas, la de este jueves se llevó hasta ahora el "home run" al decir que armar a los pobladores de la sierra de todo Sinaloa es la alternativa para evitar tanta muerte a manos del crimen organizado.

Su declaración no solo alarma por la coyuntura de violencia que enfrenta el estado, sino porque se trata de la opinión de un miembro del Congreso federal que denota hasta un grito desesperado en el actuar contra la delincuencia.

De alguna forma alerta a la ciudadanía, pues si es el sistema de gobierno el que tiene la tarea de velar por la seguridad pública, pues como el Chapulín Colorado, y ahora... ¿quién podrá defendernos?

No solo en Concordia cunde el miedo entre los pobladores tras el asesinato de maestros y de mineros, también en San Ignacio de nuevo brota entre las familias desplazadas que se escondieron y piden el auxilio de una autoridad, al menos así ha trascendido y no voltea.

De nuevo los desplazados y pueblos fantasmas que adolecen de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Es puro Sinaloa de miedo y angustias de familias que tienen temor de salir a la calle, transitar en carreteras o pasear en sus ciudades.

El tiempo pasa y no se ve rumbo firme o que haya tarea de las autoridades. El caso Mazatlán es también preocupante, particularmente en Villa Unión donde tampoco escapa a esta triste realidad. La cuota de muertos, ejecutados y de nuevo los desplazados son referencia de la costa y la sierra.

El Ayuntamiento de Mocorito no está pagando las deudas que dejó la anterior administración, salvo las que quedaron con el SAT y el Seguro Social, pero unos 12 millones de pesos que quedaron con proveedores y empresas financieras se mantienen tal cual se recibieron.

Ahí se habla de que están esperando que la Federación ayude con saneamiento financiero para pagar 6 millones de pesos a proveedores, pero los otros 6 que fueron retenidos a trabajadores y no pagados a las empresas financieras “están volando”.

El tesorero Jaime Angulo López prevé que vendrán demandas de esas empresas en busca de recuperar su dinero, y están en todo su derecho.

Aquí la Auditoría Superior del Estado también está obligada a proceder para definir en dónde quedaron esos 6 millones de pesos, pues para pagarlos no existen opciones, porque el Ayuntamiento los descontó a los trabajadores pero se les dio un fin diferente y de algún lado tendrán que salir para resolver este enredo financiero.

Con la esperanza de que la presión siga surtiendo efecto en el Gobernador, los presidentes de las cámaras de comercio de todo Sinaloa, encabezados por su dirigente, Guillermo Romero Rodríguez, de la Fecanaco, se reunirán este viernes para determinar las acciones a seguir en su lucha porque se ejerza el 100 por ciento del presupuesto aprobado para el programa de uniformes y útiles escolares.

El presidente de la Canaco en Los Mochis, Jorge Pimentel, adelantó que entre las peticiones que entregarán por escrito al mandatario estatal, incluirán el que se institucionalice este programa para que se garantice el apoyo para todos, e incluso que este mejore en cuanto a cantidad y calidad.

Y las que hasta decepcionadas del Gobernador dijeron sentirse, son las madres de familia quienes le piden a Ordaz Coppel sea consciente de la necesidad en los hogares de los sinaloenses y reconsidere una vez más su decisión aplicando el programa en su totalidad.

¿Será que lograrán convencer al Gobernador?

Los que ya no hallan qué puerta tocar son los profesores de Telebachillerato Comunitario, pues a pesar de que ya realizaron manifestaciones, tuvieron reuniones en Gobierno del Estado, con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y demás hierbas, es hora que no les resuelven su situación laboral.

Ahora se fueron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para interponer una denuncia a ver si así les pagan lo que por derecho les corresponde.

Resulta que no solo han tenido que padecer por la falta de pago de su dinero, sino que no tienen seguridad social, las embarazadas no disfrutan de incapacidad, entre otras afectaciones.

Acusan que quieren que firmen un contrato que no generará antigüedad, ni tienen beneficios, a cambio de que les paguen tres quincenas ya laboradas a los 309 maestros de este esquema. ¿Pues que no solventarían sus deudas con el dinero de los uniformes y útiles escolares?... Así se las gastan. O peor. Comentarios: lineadirectaportal@rsn.com.mx

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