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Sinaloa, incongruencia legislativa
01, Mayo 2017
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Quedan 60 días para que el Congreso de Sinaloa apruebe las reformas y nuevas leyes del sistema que dará vida a las instituciones que perseguirán actos de corrupción tales como el enriquecimiento ilícito.

Lo que más preocupa ahora es la opacidad con la que los diputados de la 62 legislatura se han conducido en este importante proceso que afecta el uso de los recursos de los ciudadanos.

El uso indebido de los recursos públicos en Sinaloa tiene una larga lista de casos inconclusos: tan solo en la ahora Fiscalía General (ex Procuraduría de Justicia) hay cerca de 80 casos estancados de denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado en el pasado, y que no avanzan.   

Las decisiones que los diputados han callados tales como los acuerdos al interior de las comisiones sobre las nuevas leyes anticorrupción hablan por sí mismas. Un Congreso que heredaría a Sinaloa un proceso plagado de errores tales como la premura para crear un nuevo marco jurídico y para seleccionar a quienes encabezarían los órganos responsables de su implementación.    

Han sido muchas las demandas ciudadanas de apertura y participación ciudadana presentadas ya a los diputados de la 62 legislatura y estos no responden. Parece que lo que buscan es un sistema anticorrupción opaco y discrecional que beneficie a unos cuantos.

La Junta de Coordinación Política que preside la priista Irma Tirado sigue desairando a los sinaloenses que piden lo más básico que el espíritu de un sistema con éste requiere: transparencia para conocer los perfiles de las y los diputados de las comisiones encargadas de coordinar el proceso; el listado de las iniciativas que están siendo discutidas y que serán dictaminadas en comisiones; el plan de trabajo para el proceso del Sistema Local Anticorrupción, así como las versiones estenográficas y/o videograbaciones de todas las reuniones del proceso legislativo y los documentos técnicos de apoyo.

Un proceso que garantice la transparencia y apertura a los ciudadanos capaces de aportar técnicamente al Sistema Anticorrupción de Sinaloa sigue siendo una utopía.

Lo que decepciona es que apenas el martes 18 de abril, el Congreso de Sinaloa a través del presidente de su mesa directiva, el diputado panista Roberto Cruz firmó un compromiso de Gobierno Abierto que está en riesgo de quedarse en una promesa de papel: diputados que solo hablan de transparencia y participación ciudadana pero que no la practican.

Legisladores de Sinaloa: la incongruencia legislativa es fácil de identificar. Es necesario que den ahora un primer paso, el Sistema Local Anticorrupción y los sinaloenses los seguimos esperando.

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