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Corrupción en obra pública. Sancionar, ¿para qué?
18, Abril 2017
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Nos guste o no, el Sistema Nacional Anticorrupción trae consigo un amplio apartado que fortalece, desde la legislación, el régimen sancionatorio para casos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, soborno, peculado, entre otros.

El mal uso de los recursos públicos por parte de gobiernos y/o particulares es un tema obligado en la discusión  pública en el marco del sistema anticorrupción que este año se está aprobando por el Congreso e implementando por los gobiernos de todos los niveles.

Ni a funcionarios ni a particulares les gusta. Estamos tan acostumbrados a la ilegalidad, que el reto del llamado Sistema Anticorrupción reside precisamente en hacer creer a la ciudadanía que sí se puede, pero eso, en primer lugar, dependerá del Gobierno.

Los sistemas de control del gasto público provienen y se coordinan desde las instituciones públicas. Eso de que “para que haya un funcionario corruptor hace falta un particular corrompido” no es más que un pretexto de las instituciones y políticos que no quieren admitir que la prevención, investigación y sanción está en sus manos.

Por eso la denuncia que la organización civil Iniciativa Sinaloa presentó hace dos semanas en contra del ex Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, José Luis Sevilla Suárez, cobra relevancia. Los cinco contratos para la Academia de Beis Bol ubicada en Culiacán que debieron licitarse, se otorgaron por invitación restringida cuando Sevilla Suárez dirigía la Secretaría.

Los procedimientos de contratación de obra pública en Sinaloa se han adjudicado por años sin respetar la Ley, a través de procedimientos cerrados, opacos y discrecionales y concursos simulados. La denuncia presentada por la organización civil es solo una pequeña muestra de los cientos de contratos que se han otorgado irregularmente.
 
Y aunque esta denuncia es en el plano administrativo (no penal), el órgano responsable de aplicar las sanciones por faltas administrativas debe resolver conforme a la legalidad este acto considerado vital para el Sistema Nacional Anticorrupción.

Así como el régimen de prevención y de investigación es fundamental, sancionar es un acto de responsabilidad en un estado donde más de 3 mil millones de pesos fueron desviados tan sólo por el Gobierno de Sinaloa en seis años, de acuerdo a datos de la Auditoría Superior de la Federación.

En el marco de la aprobación del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, bien haría preguntarnos, si los mecanismos de denuncias ciudadanas serán canalizadas con profesionalismo y seriedad por parte de los nuevos órganos que actualmente se están creando para prevenir los delitos relacionados con el mal uso de los recursos públicos.
 

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