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Quirino mete las manos de nuevo
05, Abril 2017
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?La autonomía y la independencia que requieren los órganos de gobierno que combatirán la corrupción en Sinaloa siguen sin encontrar cabida.  

Estos dos principios de los que poco saben o poco quieren saber quiénes están al frente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en esta entidad, han sido los grandes ausentes del llamado Sistema Estatal Anticorrupción.

Primero, el Gobernador es facultado por el Congreso para elegir la terna de la que salió el Fiscal General, Juan José Ríos Estavillo y, ahora, los dos magistrados que están siendo elegidos estos días por los diputados para renovar cargos en el Tribunal de Justicia Administrativo son nuevamente propuestas del Mandatario estatal.
    
¿A qué estamos jugando en Sinaloa con el intervencionismo del Ejecutivo estatal en los procesos de designación pública? Algo anda muy mal con un sistema que pretende sancionar a los funcionarios públicos que desvían recursos, cuando quienes los investigarán son propuestas directas de quienes podrían algún día ser investigados.   

¿Qué tiene que pasar en este estado para que la solución a los problemas de corrupción inicie con designaciones donde la autonomía y la independencia tienen igual o mayor valor que la experiencia en el área?

Los diputados le entran también a este juego simulado. Trasmiten por internet las comparecencias de los aspirantes a ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativo, pero no hablan de los criterios que los hicieron elegir a uno sobre otro. Dictámenes donde se priorizan los acuerdos de partido sobre los méritos, incluyendo conflictos de interés, de quienes compiten por el puesto.

A Sinaloa le faltan diputados que realmente hagan contrapeso al Poder Ejecutivo, cuando éste quiere intervenir en asuntos que no le competen, como lo es un  proceso de elección de un cargo del sistema anticorrupción.

Si 3,540 millones de pesos fueron desviados por funcionarios del Gobierno de Sinaloa del 2007 al 2014, tan solo de recursos federales y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, es que algo anda muy mal con los mecanismos de control del gasto.   

Con la recién creada Fiscalía General, a cuyo titular le han facultado desde la Constitución de Sinaloa para contratar de manera unilateral al vice Fiscal para el Combate a la Corrupción, se verá si hay autonomía e independencia para revertir este tipo de casos.

Y ahora que dos sillas del Tribunal de Justicia Administrativa (que depende del Poder Judicial) están siendo renovadas, veremos también si las faltas graves administrativas como el daño a la Hacienda pública, empiezan a bajar.

De entrada, los actos de intervención del Ejecutivo sobre las designaciones públicas del Sistema Anticorrupción son una mala señal que los legisladores han avalado. Con esto, se pone en riesgo el funcionamiento del mismo y la posibilidad de la implementación de las leyes que actualmente están creando en el Congreso de Sinaloa sean letra muerta, como muchas de las que tenemos ahora.

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