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Golpe al sindicato
17, Marzo 2017
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?El gobierno de Diana Armenta acaba de tomar una decisión muy relevante, que bien le puede generar algunos problemas con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave, pero que estaba obliga a asumir, so pena de que su administración se hiciera acreedora a sanciones.

Desde el año pasado la Auditoría Superior del Estado (ASE) ordenó al gobierno municipal, entonces encabezado por Armando Leyson Castro, que suspendiera el pago de los salarios a quienes integran el Comité Ejecutivo del organismo gremial, pero nunca se acató la disposición.

Antes ya lo había ordenado al alcalde Ramón Barajas López, que tampoco pudo corregir la anomalía observada por la ASE en cada revisión de las cuentas públicas.

En conferencia de prensa en la que estuvieron el Contralor, Gabriel Castro Álvarez; la Tesorera Municipal, Siria Sugey, Lugo Bojórquez; y el Oficial Mayor, Efraín Ibarra Espinoza, se dio a conocer que ya la primera quincena de este mes de marzo no se les pagó a los integrantes del Comité Ejecutivo del Stasag.

Incluso expusieron que quien fuera responsable de las fianzas municipales en el gobierno anterior, Angelina Morales, será exigida a que reponga más de un millón de pesos que indebidamente pagó a los sindicalizados comisionados durante el último semestre de 2016, porque al hacerlo incurrió en daño patrimonial.

La determinación muestra a una alcaldesa decidida a romper con inercias que se mantenían en aras de mantener relaciones laborales tersas, si no es que de franca complicidad, evadiendo la confrontación con el sindicato. La medida es bien vista por los gobernados.

Sin embargo es seguro que Alejandro Pimentel Medina, el líder del sindicato, no se quedará con los brazos cruzados y buscará mantener tales prerrogativas, por lo que tiene las vías jurídicas, recurriendo a la ley, o bien el camino de la presión ahora que viene la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

Pimentel ha logrado un liderazgo fuerte en el sindicato, tiene un amplio respaldo de la base en caso de cualquier movilización, por lo que hay que ver la reacción ante un golpe como el que se les ha dado hoy, y claro que desde el segundo piso de palacio municipal saben también cómo responder, y por eso tomaron esta decisión que saben generará mucho ruido.

Ahora bien, si no está derogada la Ley de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Sinaloa, creada desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado, y que creemos sigue vigente, el gobierno municipal estaría únicamente basándose en lo que ésta establece.

En su artículo 112 la mencionada ley apunta: “Las remuneraciones que paguen a los directivos y empleados de los sindicatos, y en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros del Sindicato de que se trate”.

Y si es en esta ley en la que la ASE finca su exigencia de que dejen de pagar con recursos del erario los sueldos de los miembros de la dirigencia sindical el Stasag, y que en todo caso se les paguen con las cuotas que aportan los agremiados, es hora de que el vecino de la Jumapag ponga sus barbas a remojar.

Por esto. En su Artículo 1, la ley expresa: “La presente Ley es de observancia general para los Municipios del Estado de Sinaloa y sus Instituciones y Organismos que forman la administración Pública Paramunicipal, a los que en lo sucesivo se les identificará como Entidades Públicas Municipales”.

Estas medidas seguro no resultan agradables ni simpáticas a los sindicalizados, pero a la ciudadanía en general con esta determinación la presidenta municipal envía un mensaje positivo y esperanzador de que habrá orden y respeto a la ley. Ojalá que sea en todos los sentidos.

No es ir contra el sindicalismo, elemental para las aspiraciones de la justicia laboral, pero tampoco se deben permitir los excesos y prerrogativas abusivas a esos entes gremiales.

FACEBOOK Enrique Gutiérrez
TWITTER @ENRIQUEGUTIERR
CORREO [email protected]

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