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15, Marzo 2017
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La presunta coincidencia de unanimidad para legitimar los nombramientos del fiscal y de la auditora por parte de los diputados fue inverosímil para los dirigentes del PRD en Sinaloa y del PAN en Culiacán, Claudia Morales Acosta e Ignacio Niebla Aispuro, respectivamente, y es que para ellos como para muchos ciudadanos todo estaba pactado porque, qué casualidad que ninguna fracción parlamentaria tomó el micrófono para emitir comentarios ya fuesen positivos o negativos de los procesos y sus aspirantes.

Ya no hay marcha atrás, expresaron los líderes políticos, pero ahora lo que esperan y exigirán es que haya resultados en la fiscalización de los recursos públicos y procedimientos sancionatorios contra los malos servidores por parte de Emma Guadalupe Félix Rivera, como titular de la ASE, y en lo que respecta a Juan José Ríos Estavillo, como nuevo fiscal, le apuestan a que acabe con la impunidad y esclarezca tantos expedientes que están empolvados.

La duda ahora es, ¿les pedirán cuentas a sus diputados?...

El gobernador Quirino Ordaz Coppel sigue con el pago de cuotas a los cabezas de grupo del priismo guasavense, y esta vez el gran beneficiado fue Blas Rubio Apodaca, un joven cuyo mérito es ser hijo del exalcalde y exdiputado federal Blas Ramón Rubio Lara.

El junior fue designado delegado de Gobernación en Guasave, donde comandará a los agentes que se encargan de monitorear, medir y analizar el clima político y social para que la Secretaría General de Gobierno pueda desactivar movimientos antes de que se conviertan en un problema.

Estos personajes son conocidos en el argot como los "orejas".

La designación de Rubio Apodaca ha sido muy cuestionada porque a decir de los que saben, carece de habilidades para la operación política que se requieren para apagar "fuegos".

El hijo de Blas Rubio tiene escasa experiencia en el servicio público, por donde ha pasado sin pena ni gloria. Desconocemos si se ha desempeñado en la iniciativa privada, lo que dudamos porque necesidad nunca ha tenido.

Con el tiempo se sabrá si cumple con las expectativas o si fue un error haberle conferido ese encargo.

Por cierto que algo está sucediendo en Guasave, parece ser que no le están enviando un informe a la alcaldesa Diana Armenta con las novedades y los cambios que se están originando a nivel estatal, incluso. Este miércoles al ser cuestionada sobre la designación de la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado, estaba completamente ajena al tema, al grado de que preguntó: ¿ya nombraron? ¿Y quién es? ¿A poco fue hoy?... Entre otras interrogantes que después de despejadas por los reporteros, pudo aceptar la entrevista.

No es solo en esta ocasión, también ocurrió con el caso tan sonado del panteón municipal, del alcoholímetro y muchos otros. Si bien los reporteros han sido condescendientes con ella para no dejarla mal parada ante la opinión pública, de seguir así, se cansarán y será evidenciada.

Dos camionetas ocupaban un lugar de estacionamiento exclusivo para el transporte urbano frente a la presidencia municipal en Guamúchil y resultó que eran las unidades en las que arribaron el titular de Sedeco, Javier Lizárraga Mercado, y sus acompañantes.

Llamó la atención el hecho porque en su anterior visita al municipio, el funcionario estatal se vió envuelto en una polémica por su forma de referirse a los cruceristas de preferencias homosexuales y que ahora incurriera en una conducta violatoria a las leyes de Tránsito.

En cuanto se percataron que se tomaban fotos de la situación se retiraron los vehículos pero ya habían transcurrido más de 20 minutos.

Posteriormente se aclaró que los choferes no acataron la indicación de retirarse luego que descendió el funcionario, lo que deja en evidencia que hasta los colaboradores de los servidores públicos deben ser cuidadosos para evitar exhibirlos, porque al final son los que se someten al escrutinio público...

Los que ya no están dispuestos a esperar más tiempo para que se les de seguridad laboral son los trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud, pues aseguran que tienen desde 2010 esperando que se les formalice.

Indicaron que no cuentan con Seguro Social por lo que no tienen permiso de enfermarse y algunos ganaban más en su temporada de estudiantes con las becas que les otorgaban que ahora como trabajadores especializados.

Pidieron al gobernador Quirino Ordaz Coppel que les "dé chanza" y tengan una reunión, pues ya no aguantan la situación laboral por la que pasan.

Los inconformes aseguran que este año llegan de la Federación más de 75 millones de pesos para formalización, habrá que ver en qué los distribuye el secrerario de Salud, Alfredo Román Messina... Así se las gastan. O peor. Comentarios: [email protected]

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