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Anticorrupción, entre la fe y la incredulidad
07, Marzo 2017
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No es fácil creer que el llamado Sistema Nacional Anticorrupción vendrá a inhibir los actos de corrupción que tanto daño causan al país y a sus habitantes.

No es fácil creer porque leyes que castigan el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho y abuso de autoridad, en los que participan funcionarios, servidores públicos y particulares, ha habido y hay en México y en Sinaloa desde que tengo memoria, aún sin ese Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero el problema del pasado y aún de estos días sigue siendo que no hay funcionarios que se atrevan a pasar por encima de sus intereses particulares, para ir a fondo en la prevención y persecución de esos actos. Temen perder sus espacios políticos ganados. 

Aún con esto, y ahora que muchos ciudadanos le están apostado con mucho trabajo y confianza al fortalecimiento de las instituciones públicas para intentar reducir las pérdidas económicas y sociales que genera este problema público, vemos una luz de esperanza para esta nación tan rica pero tan falta de ética con el uso de los recursos públicos.

En muchas ocasiones he escuchado que la corrupción desde el sector público no sería posible sin la colaboración de un particular, esas empresas y personas físicas que se benefician con recursos públicos de manera deshonesta y sin rendir cuentas.

Una vez escuché a un gobernador decir que daba “chayotes” (reparto de dinero a periodistas) porque “estos ganaban muy poco” y había que ayudarlos. El punto es que echarse la bolita no ha sido nada benéfico para nuestro país y nuestro estado y es hora de ser más responsables.

Está claro que este asunto va mucho más allá de un sistema de nuevas leyes. La clave siempre está en la implementación de esas normas y los sistemas de control y de ética que impulsen al interior de las administraciones públicas. En esta vía es en la que yo creo.

En Sinaloa, los casos de corrupción no dejan de brotar. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas informó que de 2011 a 2016 el gobierno de Mario López Valdez acumuló observaciones por indebido uso del recursos público por 7 mil 714 millones de pesos, más del doble del presupuesto aprobado para el 2017 a Culiacán, de 3 mil 032 millones de pesos. 

Aún sin el Sistema Anticorrupción que este año se está implementando en Sinaloa, más de algún funcionarios terminaría en la cárcel por el desfalco millonario a las arcas públicas de Sinaloa.
¿Qué podemos esperar entonces del llamado Sistema Anticorrupción de Sinaloa, frente a semejante impunidad? 

Más allá de las nuevas leyes que entre marzo y abril los diputados estarán aprobando, los sinaloenses esperamos que la nueva Fiscalía General de Sinaloa, de la cual dependerá el Fiscal Anticorrupción, cuente con un titular al que no le tiemblen las manos para prevenir y castigar.

Que el Poder Ejecutivo implemente como prioridad sistema de control interno que inhiba el tráfico de influencias, sobornos y peculado dentro de su estructura institucional.

Que el Poder Judicial aproveche esta oportunidad para hacer más expedita y transparente la justicia, y que los legisladores vigilen que el recurso público se aplique correctamente y, cuando no suceda, rechace las cuentas públicas e impulse la aplicación de sanciones.

Los ciudadanos también jugamos un rol fundamental en esta batalla compleja contra la corrupción.

Aunque los sistemas de control deben nacer y tener su origen natural en las instituciones públicas, los ciudadanos debemos empezar a formar parte de una nueva generación que haga que en Sinaloa y en el país, se dignifique la política. No participar en actos de corrupción es un primer paso.

Ninguna ley será suficiente si no hay funcionarios y ciudadanos capaces de respetarla.

El Sistema Anticorrupción dará mucho de qué hablar y, sobre todo, debe ser una oportunidad para impulsar los cambios que muchos deseamos. Ya veremos sus resultados.

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