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Las manos de Quirino
17, Enero 2017
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Quirino inicia su Gobierno con una mano que aparenta ser dura y la otra con intención de meterla donde no le corresponde. Así lo demostró a través de las iniciativas que envió al Legislativo como parte de las promesas que hizo en su discurso de toma de posesión el pasado 1 de enero, como acciones para combatir la corrupción.


Una de sus iniciativas más preocupantes es la que intenta reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sinaloa, ya que propone tipificar como delitos graves tres actos de corrupción: el abuso de autoridad, el peculado y el cohecho. Al ser considerados graves, los funcionarios acusados de cometer alguno de ellos no podrían alcanzar su libertad bajo caución (incluyendo pago de fianza) y sus casos podrían ser investigados de manera oficiosa por la autoridad, es decir, sin que haya denuncia formal contra el funcionario implicado.


Se reconocen estas propuestas del Gobernador como positivas, pero… ¿dónde quedan el enriquecimiento ilícito, el ejercicio indebido del servicio público, el tráfico de influencias, lavado de dinero, nepotismo? ¿Acaso estos delitos no deberían ser investigados, prevenidos y sancionados bajo los mismos criterios de gravedad que el abuso de autoridad, el peculado y el cohecho? ¿Será que se nos olvida que fue a través del enriquecimiento ilícito del ex Gobernador Javier Duarte que el estado de Veracruz fue saqueado?


En Sinaloa, el ex Gobernador Mario López Valdez, antecesor de Quirino Ordaz Coppel, se despidió dejando una deuda de 4 mil 650 millones de pesos a la actual administración y los diputados locales Andrés Félix, Francisca Henriquez Ayón y Feliciano Valle Sandoval han contratado como asesores a su familiares sin muestras de remordimiento.


A pesar de este escenario, Quirino parece no advertir los casos de corrupción que se han registrado en la entidad.


Y para acabarla. Otra iniciativa que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha enviado al Congreso en materia anticorrupción pone en riesgo la independencia y legitimidad del proceso de designación de los fiscales anticorrupción de Sinaloa. El Gobernador quiere presentar directamente ternas al Congreso para que de ahí se elijan los nuevos cargos.


Reconocer actos de corrupción como graves, pues, no servirá de nada si el Poder Ejecutivo se empeña en que la fiscalía que perseguirá y castigará los actos de corrupción sigue estando supeditada a su gobierno.


Los sinaloenses queremos que los actos de corrupción sean castigados de manera enérgica, y eso sólo se logrará a través de un fiscal independiente y autónomo, así como estructuras de gobierno que cuenten con los mecanismos eficaces para combatirlos. Las leyes tienen que garantizar esto suceda.

 

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