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Compras ilegales, y una ASE de adorno
23, Noviembre 2016
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Una vez más queda es expuesta la incapacidad de la Auditoría Superior del Estado para actuar frente a los grandes desvíos que pasan frente a su escritorio. Y es que pareciera que solamente funciona como un órgano de adorno en materia de fiscalización, ya que hace apenas el día de ayer se evidenció el pago a precios inflados por el arrendamiento de  77 unidades de transporte por el Municipio de Mazatlán.

Según la investigación,  la administración del Alcalde Carlos Felton impulsó el contrato de 120 millones 241 mil 428.60 pesos, de los cuales ha pagado casi 57 millones de pesos más de lo que hubiera gastado si los compraba de manera directa, en este contexto es inevitable preguntarnos ¿dónde estaba la ASE en ese momento?

La actuación de la ASE dejó mucho que desear. A lo más que llegó fue a realizar una investigación pero no de manera exhaustiva, pues el 26 de mayo en el oficio ASE/AUD/F/2157/2016 informó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de “benéfica” la adquisición de los 77 vehículos a través del contrato de arrendamiento y finalmente 13 de julio notificó a los regidores Humberto Becerra y Esperanza Kasuga, quienes de manera previsora interpusieron la queja, que no implicó daño a la hacienda pública.

El arrendamiento de estos autos no presenta ser un caso aislado pues aunado a éste,  está también el reciente caso de los 227 contratos por arrendamiento desde el 2011 de vehículos  de Malova, donde en 2015 destinó 26 millones 417 mil pesos del presupuesto estatal.

Otro caso más es el de los $9 millones 048 mil pesos solicitados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública al Gobierno Federal para la adquisición de 40 vehículos, sin embargo según el fallo de la licitación pública No. GES-10/2016 del 21 de junio únicamente se compraron 29 unidades con dicho recurso, en este sentido habría que esperar se haga el reintegro correspondiente.

Estos casos, al igual que muchos otros de la misma naturaleza demuestran que los funcionarios encontraron la manera de obtener  beneficio a costa de la Ley de Adquisiciones, a partir de ello no han dejado de explotarla.

Contamos pues con una Ley en materia de compra y arrendamiento  que demuestra ser obsoleta al dar cabida a la corrupción y el desvío de los recursos; ocupamos que se reforme.

Los hechos están sobre la mesa,  los legisladores  deberán de actuar de manera que se evite el mal gasto del presupuesto en materia de compras. De legislarse podríamos confirmar, en base a los posicionamientos, la ética con la que cuentan los Diputados: honestos a favor de la transparencia y rendición de cuentas en los procesos  de compra/ arrendamiento, o cómplices de actos deshonestos e ilegales.

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