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El reparto invisible de los apoyos sociales
06, Julio 2016
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No es la primera vez que una administración pública permite que sus funcionarios se autoasignen partidas o bonos para supuestos apoyos sociales. 

Se vale usar el término “supuestos”, porque los apoyos económicos directos que reciben diputados y regidores en Sinaloa, carecen de criterios de asignación y reglas para su aplicación. Menos aún podemos hablar de mecanismos de rendición de cuentas.  Y mientras lo anterior no exista, seguirá siendo incierto a los ojos de los ciudadanos si esos “apoyos” están siendo correctamente utilizados. 

En esta ocasión, fueron los 13 regidores y el síndico procurador del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa -cuyo lema de la actual administración es “De la mano contigo”-,  quienes votaron, vía la figura de Cabildo, para que ellos mismos reciban una “compensación” mensual de 10 mil pesos cada uno, además del ingreso mensual que reciben por su trabajo, el cual asciende a 42 mil 533 pesos según el portal del propio Ayuntamiento. 

La autoasignación aprobada por los 13 regidores y el síndico bajo el concepto de “compensación” no tardó en generar reacciones adversas entre los partidos políticos. PRI, PAN y PRD criticaron que los regidores que llevan sus siglas, haya aprobado recursos para sí mismos “sin justificación”. Tal egreso, al año,  ascendería a un 1 millón 560 mil pesos, en un municipio que prevé recaudar tan sólo en 2016, por impuesto predial, la cantidad de 18 millones 238 mil 242 pesos, según la Ley de Ingresos.   

¿Por qué los regidores de Salvador Alvarado pueden auto aprobarse recursos para apoyos sociales? ¿Cuáles son los criterios de asignación de esos recursos? ¿Es labor de ellos repartir apoyos a la gente? ¿A quiénes sí y a quiénes no se los darán?

Estas preguntas también aplican para los 40 diputados de Sinaloa, quienes, además de su sueldo mensual y apoyos para gasolina y hospedaje, reciben 40 mil pesos al mes para “gestoría social” y otros 30 mil por un concepto denominado “Fondo de Gestión Social”. 

Otras preguntas: ¿Por qué ni los diputados, ni los regidores de Salvador Alvarado, abren un sitio de internet donde vayan sistematizando, para rendir cuentas, cada uno de los apoyos que entregan? ¿Quién les dijo que directamente pueden repartir dinero? 

Y una pregunta igual o mucho más importante: ¿Es realmente trabajo de un legislador y de un regidor, repartir dinero a quienes se lo solicitan? ¿Con esto resuelven los problemas sociales de sus comunidades? 

No me puedo imaginar cuántos millones de pesos, exactamente, se destinan diariamente al reparto de dinero desde los Cabildos, Congreso y Gobiernos de este país, a través de las partidas para apoyos sociales. 

Las partidas para apoyos sociales, opacas y discrecionales como son ahora, son un botín político del que nadie quiere hablar. Sólo se siguen aprobando sin que haya reglas claras para su asignación y reparto.   

Los dirigentes de los partidos políticos que han salido a criticar hoy a los regidores de Salvador Alvarado, Sinaloa, bien harían en hacer algo útil por su estado, presentando e impulsando la aprobación de un marco regulatorio que permita conocer el destino de esos recursos. Con esas dos acciones, los partidos le harían un bien a Sinaloa. 

Ojalá que la alcaldesa de Salvador Alvarado pueda poner un alto a la decisión de sus regidores, y que éstos se retracten de un acto que resta en vez de sumar al uso eficiente de los recursos públicos. 

Necesitamos regidores trasparentes, que cuiden el buen uso de los recursos públicos y que eviten levantar la mano en los Cabildos a favor del autoreparto abusivo y discrecional como lo han hecho esta semana los 13 regidores de Salvador Alvarado. 

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