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El poder empresarial y la trampa de Peña Nieto
28, Junio 2016
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La manifestación organizada por empresarios de la Coparmex en la ciudad de México recientemente, a raíz de la forma en la que el Senado votó la llamada Ley 3 de 3, reveló de qué estamos hechos.

Reafirmó cómo en México, los empresarios tienen el poder de revertir una decisión tan polémica, como el haber incluido en el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la obligación de que todo particular que recibiera  y ejerciera  recursos públicos (proveedores, beneficiarios de programas sociales o de gobierno), debían también presentar sus tres declaraciones (patrimonial, fiscal y de intereses), igual que los funcionarios públicos.  

Lo que fue interpretado mediáticamente como una “venganza” de los senadores del PRI (principales defensores de esa medida) hacia muchos mexicanos que habían manifestado su respaldo a la iniciativa Ley3de3 impulsada de origen por las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y el IMCO, terminó por demostrar que cuando los empresarios quieren, hasta el Presidente puede doblar las manos.

Y no es que el Presidente y su partido, el PRI, no se puedan equivocar, pues en este caso nadie falló inconscientemente. Lo ocurrido fue más bien un error de cálculo de los senadores que no contaron con que los empresarios del país viajarían a la ciudad de México para manifestarse multitudinariamente.

Las reacciones sobre el contenido del artículo 32 polarizaron: hay quienes consideraron como un exceso obligar a los particulares beneficiarios de recursos públicos a presentar su 3de3, y otros afirmaron que las reglas deben ser parejas para funcionarios y particulares, pues la corrupción no es posible sin una de las partes.

Una u otra, la noticia de que el artículo 32 fue vetado (con lo cual desaparecerá de la referida Ley) cayó muy bien a los afiliados a la Coparmex, quienes no tardaron en festejar su triunfo.

Las noticias difundidas por los medios sobre el veto presidencial  advierten que dicho artículo ya “pasó a la historia”, pero  el 29, más importante aún que el primero, quedó intacto y, peor aún, opacado por los reflectores del tan aplaudido veto presidencial. Y ahí hay una trampa.

¿Por qué Peña Nieto no vetó el artículo 29 que permitirá que los funcionarios evadan transparentar su patrimonio real, el que sí son capaces de adquirir con lo que dicen ganar a través de los tabuladores oficiales de sueldos?

Porque no le conviene. Peña Nieto y su partido, el PRI, han sido los principales opositores a que desde la ley se establezca la obligación de que todos los funcionarios públicos presenten, mediante formatos previamente discutidos y definidos, sus tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. Sucedió en Sinaloa.

La mayoría del PRI de la 61 Legislatura se negó a incorporar tal obligación en la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en mayo pasado, en contra de la demanda ciudadana. Pese a que durante la sesión donde se dio primera lectura al dictamen de dicha legislación, se aprobó que el patrimonio de los funcionarios de Sinaloa sí fuera público, una reserva presentada por un diputado del PRI le dio para atrás y quedamos donde mismo.

En el plano nacional, ¿qué podemos esperar del artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas? La Coparmex difícilmente saldrá a las calles a pedir que este artículo sea vetado, tal cual sucedió con el 32.

El artículo 29 es igual o más importante que el 32, pues abraza el espíritu de las leyes anticorrupción al buscar establecer un mecanismo certero sobre el uso honesto de los recursos públicos.

De avanzar hacia la obligación de difundir las tres declaraciones de los funcionarios públicos en plataformas públicas y accesibles, mediante formatos que garanticen la transparencia de datos reales, se podrían evitar los frecuentes casos de enriquecimiento ilícito que ahora abundan en las portadas de los medios.

Ahora queda esperar a que se abra la próxima semana el periodo extraordinario en el Senado, para ver cuál será la postura de los partidos respecto al artículo 29. Ojalá que el veto presidencial y la nueva discusión permita modificar sus contenidos, de manera que se logre garantizar que ningún funcionario evada transparentar su patrimonio e intereses, indispensables en un país tan corrupto.

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